El ex fiscal de Santiago y candidato a diputado del Partido de la Liberación Dominicana, Raul Martínez, anunció que propondrá al Congreso  una Ley de Integridad que contempla  severas sanciones contra los funcionarios y servidores públicos que cometan actos de corrupción.

Martínez reconoció que durante los últimos años se han aprobado diversas normas destinadas a fortalecer la transparencia y regular los controles de la administración  pública, pero señaló que esos avances no han sido acompañados por una actualización y remozamiento de la normativa penal, lo que a su juicio limita la capacidad del Estado para enfrentar con éxito las nuevas modalidades de la corrupción.

Sostuvo que en la práctica cotidiana de los servidores públicos se verifican múltiples patrones de conducta que atentan contra la gestión eficaz y transparente de los bienes del Estado, y que no reciben el adecuado castigo por sus infracciones.

Mártínez, quien fue entrevistado por el periodista Miguel Guerrero en el Programa Portada 17, del Circuito Telemicro, describió  las diversas prácticas que serán tipificadas en la Ley de Integridad como atentados al ejercicio ético de la función pública.

Entre esas prácticas citó el soborno pasivo, el soborno activo, el tráfico de influencia, el ofrecimiento de influencias, el soborno transnacional, la concusión, la concusión agravada, la admisión de dádivas, negociación incompatible con la función pública, participación económica indebida, nepotismo, inobservancia de la declaración jurada, falsedad de la declaración jurada, encubrimiento, encubrimiento agravado, utilización de información reservada, atentados a la libertad de acceso y a la igualdad de los participantes en concursos y contrataciones públicas, legislación o administración en provecho propio.

También incluye en el anteproyecto un capítulo donde se describen diversas formas de atentados a la seguridad del patrimonio público, donde sobresalen el  peculado, la malversación, el enriquecimiento ilícito y el dispendio.

La propuesta del ex fiscal de Santiago contempla fuertes penalidades contra los depredadores del patrimonio público. En la mayoría de los  casos las sanciones previstas flutúan entre los diez y quince años de prisión.

Definió su propuesta como “una reforma integral a nuestra legislación penal en esta materia, dirigida a corregir el visible déficit normativo que impide la efectiva persecución de diversas manifestaciones  de la corrupción administrativa en la República Dominicana”.