Fidias Aristy dice debe cumplirse ley 72-02 sobre bienes incautados

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SANTIAGO.-El presidente del Consejo Nacional de Drogas (CND), doctor Fidias Aristy, afirmó que los bienes económicos derivados de la criminalidad organizada deben ser administrados por la Oficina de Custodia y Administración de Bienes Incautados y Decomisados, porque así lo dispone la Ley 72-02.

Entrevistado por el periodista Federico Méndez, en el programa Esferas de Poder, que se transmite los domingos de 5:00 a 6:00 de la tarde, por Santo Domingo TV, consideró que la disposición que establece ese mandato no ha sido derogada de manera expresa por otra ley, ni por la Orgánica del Ministerio Público.

Explicó que el director de ese organismo lo nombra el Presidente de la República y sus recursos están contemplados en el Presupuesto General del Estado.

Aristy especifica que se trata de una legislación para los bienes generados por un tipo de criminalidad especial, como es el lavado de activos, y que “a nuestro modo de ver, tiene que ser administrado por esa oficina especializada creada por la ley”.

Acotó que el Ministerio Público, por disposición constitucional, tiene sus fines específicos entre los que a su juicio “jamás puede estar la administración y custodia de esos bienes”.

“Muy por el contrario, hacer una interpretación en ese sentido es, si se quiere, desviar de esos fines esenciales y constitucionales al Ministerio Público establecido por el constituyente y por la propia Ley Orgánica del Ministerio Público, del año 2011”, agregó.

Aristy dijo que además el MP es parte del Comité Nacional contra Lavado de Activos, del cual depende esa agencia, que es la Oficina de Custodia y Administración de Bienes Incautados.

Observó que la Ley Orgánica del Ministerio Público establece en una de sus disposiciones que los bienes que sean empleados en actividades delictivas de cualquier naturaleza, mueble o inmueble, pasen a ser custodiados o administrados por el Ministerio Público.

“Pero, a nuestro entender, primero de principio se puede argumentar que se trata de una ley orgánica. Entre nosotros no tiene sustentación constitucional, ni de ninguna otra naturaleza la jerarquía de una de las llamadas leyes orgánicas, de las llamadas leyes especiales o leyes ordinarias”, argumentó.

Indicó que la Ley 72-02 es la que crea un mecanismo especial para bienes específicos derivados de la criminalidad.

“Hay que distinguir entre lo que es cuerpo de delito, entre los que son instrumentos en la comisión de un delito, como los machetes del caso de Los Alcarrizos, de Moisés y al grupo que se le imputa, hay que distinguirlo de los bienes generados por las actividades de lavado de activos”, recalcó.

En ese sentido, estima que no se trata de otra cosa que la penetración en el torrente económico de un flujo de dinero que tiene una procedencia ilícita.

“Nosotros no tenemos ninguna duda de que aún aquellos, en este caso la Procuraduría General de la República, que disiente de nuestra manera de interpretar la ley tiene, al igual que nosotros, la visión, el compromiso de que esos bienes sean bien administrados”, subrayó.

Explicó que en el 2002 se produjo la modificación de la Ley 72-02 sobre Lavado de Activos, que se trata de una normativa especial.

Aristy dijo que en ese año se produjeron dos expresiones legislativas, una en febrero y otra en junio, que es la que rige actualmente.

“Que se hizo para adecuar nuestra legislación nacional, en materia de lavado de activos, a los convenios internacionales, a los últimos requerimientos y a las respuestas necesarias que debemos tener frente a la criminalidad organizada”, enfatizó.

El funcionario sostuvo que la Ley 72-02 crea la Oficina de Custodia y Administración de Bienes Incautados y Decomisados, que está adscrita al Comité Nacional contra el Lavado de Activos, que a su vez está integrado por cinco entidades gubernamentales.

Citó que forman parte de esta entidad el Ministerio de Hacienda, la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), la Superintendencia de Bancos y el Consejo Nacional de Drogas.

Aristy manifestó que en su condición de presidente del CND le corresponde presidir el Comité Nacional contra el Lavado de Activos, por disposición de la legislación.