Juez declara Inadmisible, acuerdo Ministerio Público y Odebrecht
SANTO DOMINGO.-El acuerdo entre la Procuraduría General de la República y la constructora Odebrecht fue rechazado por el juez de atención permanente, José Alejandro Vargas, tras considerar que no cumplieron los procedimientos establecidos en el Código Procesal Penal.
El magistrado justificó su decisión en que el acuerdo era el resultado de una conciliación entre las partes, pero que no se podía aplicar en este por tratarse de un hecho grave.
Explicó que para hallar una conciliación deben participar en el acuerdo las víctimas, imputados y los querellantes, por lo que no se puede considerar en este caso.
En su motivación sostuvo que la homologación se aplicaría como conciliación en infracciones leves, pero que tanto Odebrecht como la Procuraduría reconocen que se trata de un caso grave, que amerita “otro tipo de remedio procesal”.
En su decisión, “declaró buena y válida” la petición del procurador Jean Rodríguez de realizar una investigación abierta en contra de la constructora.
Por la presunta violación a los artículos 166, 167 y 175 del código penal dominicano, las leyes sobre soborno transaccional en el comercio y la inversión y 72-00 de lavado de activos provenientes del narcotráfico u otras infracciones graves.
Marcha Verde califica justa decisión juez
El movimiento Marcha Verde saludó la decisión del juez José Alejandro Vargas de declarar inadmisible el proceso de homologación del acuerdo entre la Procuraduría General de la República y la empresa brasileña Odebrecht.
“La resolución del juez Vargas muestra y desnuda al Ministerio Público por su incompetencia e ineptitud y sus claros vínculos políticos con el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y el presidente Danilo Medina. Esta realidad se suma a las razones para la designación de fiscales independientes acompañados por especialistas de Naciones Unidas, como lo plantean los cientos de miles de ciudadanos y ciudadanas que han firmado el Libro Verde”, indicaron.
Según Marcha Verde, la Procuraduría pretendía garantizar amplios niveles de impunidad, a través de un acuerdo concebido para impedir la recuperación de todo el dinero robado, el encarcelamiento de todos los implicados y la cancelación de los contratos vigentes con la empresa.
Esta intención, afirman, solo ha servido para aumentar la desconfianza en los representantes del Ministerio Público.
