Juez pone a prueba el compromiso de Chávez contra ETA

Madrid- El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ordenó el 2 de marzo la detención, a efectos de extradición, de seis miembros de ETA y otros tantos de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) que se esconden en Venezuela y Cuba. La decisión se conoció ayer. Ahora, los gobiernos de Hugo Chávez y Raúl Castro podrán demostrar su compromiso en la lucha contra el terrorismo o dar la callada por respuesta a esta solicitud.

Cuando el 24 de febrero procesó a los 12 etarras y guerrilleros por integración en organización terrorista, el magistrado no hizo todos los deberes. En la resolución decretaba el ingreso en prisión de los imputados y pedía a Caracas su «colaboración» pues obraban diligencias en el procedimiento que ponían de manifiesto «la cooperación gubernamental venezolana» con dicha entente de ETA y las FARC. Esta acusación abrió una crisis entre España y Venezuela que se cerró tras la firma de una nota conjunta contra el terrorismo.

VARIAS PRECISIONES / A Velasco, sin embargo, se le olvidó que debía concretar su decisión en las correspondientes órdenes de detención internacional. Por ello, aplazó la medida un día hasta poner en orden los papeles, aunque el Gobierno tardó después casi una semana en enviar la comunicación oficial a Caracas.

Así, el juez decidió retrasar la comunicación del auto de procesamiento a Remedios García Albert, ya que está imputada en otras diligencias desde el 2008 por Baltasar Garzón por un delito de colaboración con banda terrorista. Garzón investiga «a personas, movimientos y grupos que colaboran, ayudan o prestan cobertura en España y Europa a las FARC», según reza un informe de la Comisaría General de Información.

Velasco remitirá a su colega todos los datos que tenga contra García si confirma que Garzón inició antes que él su investigación. El primero sostiene que esa mujer, apodada la Negra, facilitó dos pasaportes venezolanos a dos etarras cuando se trasladaron a Venezuela para impartir un curso de explosivos a miembros de las FARC en agosto del 2007.

El juez tampoco ha pedido la detención de todos los imputados que aparecen en el auto de procesamiento, pues varias informaciones sostienen que uno de los guerrilleros colombianos murió en un enfrentamiento con el Ejército.