Laura Guerrero afirma falta colaboración combate corrupción
SANTIAGO.’La directora de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), doctora Laura Guerrero Pelletier, advirtió que las principales dificultades que afronta el combate a la corrupción en el país es la falta de colaboración de las instituciones.
Entrevistada por el periodista Federico Méndez, en el programa Esferas de Poder, que se transmite los domingos de 5:00 a 6:00 de la tarde, por Santo Domingo TV, manifestó que esto se deriva de que se crean niveles de solidaridad y el temor de la ciudadanía a denunciar los casos de irregularidades por no existir un sistema de protección.
Guerrero Pelletier se mostró de acuerdo con la creación de un sistema de protección a testigos y peritos que se involucren en el tema, “porque estamos hablando de personas que manejan poder, que están en instituciones públicas y la gente maneja niveles de temor, de aprehensión, de no buscarme un problema”.
Guerrero dijo que la PEPCA ha tenido éxitos en los casos pequeños, pero está buscando lograr ese mismo objetivo en los grandes.
“En ese sentido, nosotros tenemos nuestros recursos ante los organismos superiores; Cortes de Apelación, Suprema Corte de Justicia y Tribunal Constitucional, porque no vamos a desmayar en los esfuerzos en los casos grandes que tenemos”, recalcó.
Proclamó que el combate a la corrupción administrativa necesita que el compromiso generalizado vaya más allá del discurso, donde todo el mundo se involucre en el tema, sea a través de denuncias, seguimiento de los procesos e información oportuna al Ministerio Público.
Guerrero Pelletier afirmó que la PEPCA tiene claramente definido su norte en la lucha en contra de la corrupción, enfocado básicamente en cuatro objetivos.
Afirmó que primero busca fortalecer los procesos penales, que comprende robustecer más la persecución de la corrupción, validando los procesos con pruebas contundentes, más ciertas y sobreabundantes.
“Asimismo, nosotros estamos buscando mayor colaboración interins titucional, es decir, que los otros organismos del Estado y las otras instituciones se involucren en apoyar el trabajo de la Procuraduría Especializada”, subrayó.
La funcionaria manifestó que también se busca no ser selectivo en los procesos, en el entendido de que todo lo que llegue a la dependencia de la Procuraduría General de la República pueda ser tratado de la misma forma y en igualdad de condiciones.
Manifestó que los esfuerzos serían que en cada uno de los procesos por presunta corrupción haya sanción condenatoria.
Advirtió que cuando se comete un delito en contra del patrimonio estatal debe haber un sistema de= consecuencias en contra del funcionario que lo haga.
“Y si eso no se logra, el mensaje que se envía a la ciudadanía es un mensaje negativo. Nosotros queremos que la ciudadanía entienda de que efectivamente si se violentan las leyes en perjuicio del patrimonio estatal pues habrá una sanción segura, y con eso contribuimos a la prevención de la corrupción”, argumentó.
Las denuncias y su fundamento
La directora de la PEPCA afirmó que son muchas las denuncias de presuntos actos de corrupción que se formulan, pero gran parte de éstas no tienen un carácter penal, sino que son de naturaleza administrativa o se trata de personas inconformes con determinados funcionarios.
Guerrero Pelletier aseguró que también muchas personas acuden a la entidad a formular denuncias de alegada corrupción, como una manera de influir, con actitud de venganza y con propósito retaliatorio.
“Es decir, se dan muchas situaciones, nosotros por eso tenemos mecanismos para ponderar si realmente la denuncia tiene fundamento cierto para aperturar una investigación”, acotó.
Indicó que en proceso de investigación formal hay unas 40 querellas de alegada corrupción.
Muchos cabildos bajo investigación
Guerrero Pelletier afirmó que hay 20 ayuntamientos bajo investigación sobre presuntas irregularidades en el manejo de los fondos que administran.
Citó que la auditoría definitiva sobre el manejo del cabild o de Bayaguana fue enviada por la Cámara de Cuentas, en la cual se establecen una serie de irregularidades.
Manifestó que hay abiertos procesos en contra del Ayuntamientos de San Francisco de Macorís, la junta distrital de Cabarete, Puerto Plata.
Asimismo, observó que se han dictado sentencias definitivas sobre alegados malos manejos de recursos en los procesos seguidos a los ayuntamientos de La Victoria, Los Alcarrizos, San José de Ocoa, San José del Puerto, entre otros.
El caso San Cristóbal
La directora de la PEPCA manifestó que una auditoría preliminar de la Cámara de Cuentas, dando cuenta de presuntas irregularidades en el Ayuntamiento del municipio de San Cristóbal, ha originado la intervención del cabildo, donde fue hecho un levantamiento previo por auditores.
“A raíz de todo eso, pues efectivamente decidimos intervenir el Ayuntamiento municipal de San Cristóbal y ahora con todo el legajo de documentos que tenemos, los hallazgos finales de la auditoría, más las investigaciones técnicas y también de campo que hagan nuestros fiscales podremos dar ya un resultado final”, enfatizó.
Las auditorías de la CC
La directora de la dependencia de la Procuraduría General de la República afirmó que la Cámara de Cuentas le ha remitido 68 auditorías.
“Debemos referir que de esas 68 auditorías estamos hablando de un contenido histórico del año 2006 al año 2014, de la remisión de auditorías a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción”, adujo.
Observó que es un dato que abarca alrededor de ocho años y corresponde al trabajo realizado por tres gestiones diferentes de la Cámara de Cuentas.
Guerrero Pelletier proclamó que de esas auditorías han salido casos trascendentes de los tribunales.
Citó casos activos como el del INDRI, Semma, el de la Secretaría de Finanzas (hoy Ministerio de Hacienda) y varios ayuntamientos.
Afirmó que la PEPCA ha hecho un trabajo responsable con respecto a las auditorías que le han sido remitidas y otras han terminado con decisiones de no responsabilidad penal.
Sostuvo que no todo necesariamente constituye un tipo penal, porque muchos cuestionamientos pueden ser relacionados con malos manejos administrativos.
