Ofende quien puede

Rafael Núñez

Rafael Núñez
En el período gubernamental 2004-20012, la lucha contra el crimen organizado fue uno de los puntales de políticas exitosas que gobierno alguno haya desarrollado en República Dominicana, desde que el tráfico y consumo de estupefacientes se convirtiera en un fenómeno que amenaza la convivencia social y la estabilidad de los gobiernos en el planeta.

Nunca antes en la historia del combate al narcotráfico se pusieron en práctica programas y políticas dirigidos a detectar, apresar, enviar a la cárcel o extraditar a los responsables de que nuestra juventud en los barrios tome el peor de los caminos.

La prevención y represión contra el tráfico de drogas y sustancias controladas, así como de otras actividades conexas llevadas a cabo en el país, sirvieron de referente a los principales responsables antinarcóticos de los Estados Unidos para citar al país como ejemplo en el combate a ese flagelo

El 11 de noviembre de 2011, Eric Himpton Holder Jr. , Procurador General de los Estados Unidos, de visita oficial en el país, elogió la política contra el crimen organizado puesta en práctica por el gobierno del presidente Leonel Fernández.

En el marco de esa visita, el jefe de la política judicial de Barack Obama alabó los esfuerzos que hacían, tanto el presidente Fernández como de los funcionarios encargados de aplicar las políticas, con el objetivo de derrotar el crimen. Entre otras consideraciones, las palabras centrales de Holder Jr. en el Palacio Nacional, no dejaron dudas de la satisfacción que sentía el gobierno del presidente Obama con su par de República Dominicana. Copio estos dos párrafos del discurso de Holder: “Hoy, los Estados Unidos y la República Dominicana están trabajando juntos como nunca antes – investigando y llevando ante la justicia los crímenes transnacionales, compartiendo inteligencia e información criminal, y – finalmente – cómo mejor proteger los ciudadanos que representamos. Cada persona en este salón puede sentirse orgullosa de que los lazos existentes entre el Departamento de Justicia de los Estados Unidos y la Oficina de su Procurador General, y de la comunidad de la ley y el orden, nunca han sido tan sólidos como lo son hoy.

“Desde ya, los lazos establecidos han llevado a la República Dominicana a ser el cuarto país del mundo en cuanto a la extradición de extranjeros hacia los Estados Unidos. Y, me complace informar aquí que, a principios de este mes, un tribunal federal en los Estados Unidos aprobó la extradición de Eddy Bismarck Núñez Garrido a la República Dominicana, para que aquí enfrente cargos por homicidio”.

¿Fue complacencia o puro protocolo lo que llevó al Procurador General de Estados Unidos a ponderar positivamente los esfuerzos del gobierno de Fernández contra el crimen organizado? No, veamos los hechos.

Los hechos hablan

Desde el año 2006, cuando asumió la jefatura del Estado, el presidente Fernández envió señales claras de su compromiso con la persecución a los criminales, sin importar su estatura social, rango militar, función pública o engranajes privados. Las estadísticas que reposan en la Dirección Nacional de Control de Drogas establecen que desde el año 2006, la administración Fernández incautó 64 mil 47 kilos de cocaína; 22 mil 174 kilos de crack; 58 mil 910 kilos de marihuana; 451 kilos de heroína.

En total, en seis años se decomisaron poco más de 150 mil kilos de sustancias controladas. En ese período, se confiscaron 98 millones 858 mil 830 pesos y 10 millones 235 mil 234 dólares; asimismo, se ocupó 1 millón 901 mil 143 euros, 4 millones 128 mil 734 pesos colombianos, gourdes, bolívares venezolanos, francos suizos, dólares canadienses, libras esterlinas, florines, lira italiana, cheques en pesos dominicanos y en dólares.

Desde el año 2006, solo la Dirección Nacional de Control de Drogas, detuvo a 137 mil 561 personas; arrestó a 117 mil 181; se realizaron 113 mil 181 operativos, 6 mil 10 allanamientos; 9 mil 839 vehículos fueron decomisados y 2 mil 597 armas ilegales, como resultado de una labor de persecución al delito. Aparte de la profilaxis interna ejecutada en ese período en la DNCD, el gobierno de Fernández es el que más extradiciones de personas vinculadas al crimen organizado llevó a cabo hacia Estados Unidos y otros países con los cuales tiene convenios de cooperación.

Los carteles de Medellín, de Cali, del Norte del Valle, de Sinaloa fueron objeto de duros golpes con la detección, captura y procesamiento judicial o extradición de sus cabecillas en el país.

El líder del Cártel de Medellín en el país, Rolando Florián Féliz, fue apresado y encarcelado. El jefe de ese grupo en Colombia fue Pablo Escobar Gaviria, luego le sucedido por Gonzalo Rodríguez Gacha, Carlos Lehder y los hermanos Ochoa.

Juan Florián Félix (El Grande), hermano de Rolando, fue cabeza visible del Cártel de Cali en el país, apresado, sometido y encarcelado. Respondía al capo Gilberto Rodríguez Orejuela, relevado por Miguel Rodríguez Orejuela, José (Chepe) Sánchez Londoño. También el Cártel del Valle, cuyo líder aquí fue Quirino Ernesto Paulino (El Don), apresado en 2004 por narcotráfico, tráfico de armas y narcoterrorismo, destituido del Ejército, sus bienes fueron decomisados y extraditado a Estados Unidos por la administración de Fernández.

Otra estructura de narcotráfico, de lavado de activos y sicariato desmantelada también fue la de David Figueroa Agosto, la del colombiano Luis Santacruz Echeverri, del francés Acka Soner, que operaba en la costa Atlántica, Luis Fernando Bertuolucci Castillo, mexicano del Cártel de Sinaloa, apresado en Piantini y deportados a Estados Unidos.

Otra red desmantelada fue la de Emilio Mesa Beltré (El Gringo), dominicano, empleado de Ramón Antonio del Rosario Puente (Toño Leña); la de Yubel Enrique Méndez y Méndez (Oreganito) ex miembro de la Armada, apresado en Arroyo Hondo y extraditado a Estados Unidos; la de Pascual Cordero Martínez (El Chino), apresado en 2011 y actualmente encarcelado en Najayo y Ramón Antonio del Rosario Puente (Toño Leña), apresado en 2010 en Venezuela y extraditado a Puerto Rico. Hay muchísimos otras redes que fueron desarticuladas, incluso que penetraron instituciones oficiales, como fue el caso de la Paya, en la cual militares de la Armada fueron traducidos a los tribunales del país.

La compra de aviones Súper Tucano con recursos propios y la instalación de un radar en San Isidro, entre otras políticas, fueron iniciativas que demuestran el compromiso del presidente Fernández de proteger a nuestra juventud y a la sociedad. Es lógico que el narcotráfico nacional e internacional haga esfuerzos intentando mellar el prestigio de un presidente que cumplió con su deber. No es la primera vez que ocurre en América Latina, de manera que ofende quien puede.