Organizaciones de consumidores respaldan sentencia Suprema Corte de Justicia
Pedro Jiménez
SANTIAGO.- Organizaciones Consumidores de la región del Cibao respaldaron la sentencia 184 emanada por la Suprema Corte de Justicia mediante la cual reconoce la potestad que tiene el Instituto Nacional de Protección a los Derechos del Consumidor, para imponer sanciones administrativas a las empresas e instituciones que violen los derechos de los consumidores y usuarios.Las instituciones pertenecientes tanto al Consejo del Consumidor y a las asociaciones de Consumidores y Usuarios de Santiago, Puerto Plata, La Vega, Bonao Santiago Rodríguez, Moca y la Unión de Consumidores y Usuarios de la Región Norte, calificaron como buena y valida dicha sentencia, en apoyo a Pro consumidor y a su directora Ejecutiva, licenciada Altagracia Paulino.
“Ese es un premio al esfuerzo y al sacrificio que realiza el equipo de hombres y mujeres que componen a Pro consumidor, en beneficio de los consumidores y usuarios de bienes y servicios en sentido general, por lo que nosotros apoyamos de manera irrestricta”, precisaron las entidades.
En nombre de las instituciones de consumidores y usuarios del Cibao, tanto Cesar Saviñón y Carlos Manuel González, indicaron que la Suprema Corte de Justicia con dicha sentencia ponderó la labor que se realiza en Pro consumidor en beneficio de la sociedad en todo el territorio nacional.
Dijeron que la sentencia 184 fortalece la ley 358-05 sobre los derechos de los consumidores, para continuar realizando un buen trabajo en beneficio de la población.
La suprema dejó sin efecto una sentencia del Tribunal Contencioso Administrativo que negaba esa prerrogativa a la entidad.
La disposición está contenida en un recurso de casación fallado a favor de Pro Consumidor por la Tercera Sala de lo Laboral, Tierras, Contencioso Administrativo y Contencioso Tributario de la Suprema Corte de Justicia.
La decisión establece que el Tribunal Contencioso Administrativo “incurre en la violación denunciada al atribuirle a Pro Consumidor una acción restringida a la investigación, lo que hace su sentencia nula de nulidad absoluta, más aún cuando se trata de la inobservancia de una ley de orden público e interés social”.
Tanto César Saviñón, dirigente de Co-consumidor y Carlos Manuel González de Uncuren, señalaron que las entidades que dirigen en todo el Cibao, tienen un reto de continuar trabajando, para que Pro consumidor continúe realizando un trabajo especial en beneficio de toda la colectividad en sentido general.
