Senador puertorriqueño declarado culpable por soborno
WASHINGTON – El senador de Puerto Rico, Héctor Martínez Maldonado y Juan Bravo Fernández, el ex presidente de una de las mayores empresas de seguridad privada en la vecina isla, fueron declarados culpables por un jurado en San Juan, por su participación en un esquema de corrupción que implicaban la legislación beneficiosa a las empresas Bravo Fernández, anunció el Procurador General Adjunto Lanny A. Breuer de la Sala de lo Penal.
Martínez Maldonado, de 42 años, de Carolina, Puerto Rico, y Bravo Fernández, de 55 años, de San Juan, fueron condenados ayer por la tarde cada uno en le programa federal de soborno. Además, Fernández Bravo fue declarado culpable de viajar en comercio interestatal en ayuda de crimen organizado y conspiración para cometer comercio interestatal en ayuda de crimen organizado. Martínez Maldonado fue absuelto del cargo de conspiración, de viaje en el comercio interestatal de la ayuda de extorsión y obstrucción a la justicia.
Martínez Maldonado fue elegido para el Senado de Puerto Rico en 2004 y comenzó a servir un mandato de cuatro años en enero de 2005. Fue reelegido en 2008. Bravo Fernández era el presidente y director ejecutivo de Ranger American, una de las mayores firmas de seguridad privada en Puerto Rico.
El jurado condenó a los acusados por su participación en un esquema de soborno en el que Bravo Fernández conspiró para asegurar la aprobación de dos proyectos de ley favorable a sus intereses de negocio mediante el soborno de Martínez Maldonado y Jorge de Castro Font, un ex senador de Puerto Rico.
De Castro Font sirvió en la Cámara de Representantes de Puerto Rico desde 1989 hasta 2004, y sirvió en el Senado de Puerto Rico desde 2005 a 2008. A partir de 2005, De Castro Font se desempeñó como Presidente de la Comisión de Reglas y Calendarios, ejerciendo un control importante sobre el cual las facturas, confirmaciones y otros asuntos fueron llevados a una votación en el pleno del Senado y cuando fueron llevados a un voto. A partir de 2005, Martínez Maldonado se desempeñó como Presidente del Comité de Seguridad Pública en Puerto Rico, en ejercicio de un control significativo sobre la legislación relacionada con la seguridad y la seguridad de la comunidad.
Según documentos de la corte y las pruebas presentadas en el juicio, Martínez Maldonado y De Castro Font ejercen un control significativo sobre el destino de los intereses empresariales de la legislación beneficiando Bravo Fernández. En concreto, el comité de Martínez Maldonado tenía jurisdicción sobre dos proyectos de Ley de Bravo Fernández y fue obligado a aprobar la legislación antes de que De Castro Font pudiera programar una votación antes de que el pleno del Senado. La evidencia en el juicio demostraron que, para asegurar la aprobación de los dos proyectos de ley, Martínez Maldonado y De Castro Font llegaron a un acuerdo con Bravo Fernández para tomar los actos oficiales de apoyo a la legislación beneficiando a sus intereses comerciales a cambio de cosas de valor proporcionadas por Bravo Fernández.
En concreto, Bravo Fernández proporcionó numerosos pagos en efectivo a De Castro Font.
Según documentos de la corte y las pruebas presentadas en el juicio, Fernández Bravo también acordó proporcionar a Martínez Maldonado y De Castro Font, un viaje a Las Vegas a ver el partido en el campeonato 14 de mayo 2005, de boxeo entre Winky Wright y Felix «Tito» Trinidad, popular boxeador puertorriqueño.
Como parte de este acuerdo, Bravo Fernández, entre otras cosas facilitó, pasajes de avión de primera clase, habitaciones de hotel en el Mandalay Bay Resort y Casino, entradas para la pelea Trinidad- Wright boxeo por un valor de US$ 1.000, habitaciones de hotel en Miami para el viaje de regreso, así como comidas y bebidas. La evidencia en el juicio demostraron que el 2 de marzo de 2005, el día en que Bravo Fernández pagado por los boletos del boxeo, Martínez Maldonado presentó uno de los proyectos de ley para su consideración por el Senado de Puerto Rico.
Además, el 21 de abril de 2005, Bravo Fernández utilizó su tarjeta de crédito personal para reservar una habitación de hotel en el Mandalay Bay Resort y Casino. El depósito de las habitaciones del hotel se acreditó a la habitación del hotel Martínez Maldonado. Según documentos judiciales, la reserva fue hecha el día después de que Martínez Maldonado presidió una audiencia pública del Comité de Seguridad de uno de los dos proyectos de ley en la que Bravo Fernández fue el único representante de la industria de seguridad privada para prestar declaración. Martínez Maldonado autorizó un informe de la comisión de apoyo a proyecto de ley Bravo Fernández inmediatamente después de la audiencia. De acuerdo a la evidencia en el juicio, el 17 de mayo de 2005, el día después de los tres hombres regresaron de su viaje a Las Vegas, Maldonado Martínez y De Castro Font tanto emitir su voto en apoyo de una de las facturas Bravo Fernández al frente de toda la Senado de Puerto Rico. El 18 de mayo de 2005, el otro proyecto de ley fue aprobado por el Puerto Rico Comité de Seguridad Pública, presidido por Martínez Maldonado. Ese proyecto de ley fue aprobada por el Senado de Puerto Rico el 23 de mayo de 2005.
De Castro Font se declaró culpable el 21 de enero de 2009, a 20 cargos de fraude electrónico de servicios dehonestos y un cargo de conspiración para cometer extorsión. Actualmente se encuentra en espera de sentencia.
Bravo Fernández se enfrenta a una pena máxima de cinco años de prisión y una multa de 250.000 dólares por cada cargo de conspiración y viajar en ayuda de extorsión y 10 años de prisión y una multa de US$ 250,000 para el recuento de soborno. Martínez Maldonado se enfrenta a una pena máxima de 10 años de prisión y una multa de $ 250,000 para el recuento de soborno. La sentencia ha sido programada para el 07 de junio 2011.
Este caso está siendo procesado por los Abogados Litigantes Peter Koski y Deborah Sue Mayer Pública de la Sección de la Sala de lo Penal de Integridad. El caso está siendo investigado por el FBI.
Fuente: Departamento de Justicia de EU
