• 25 abril, 2024

Sentencian cómplice de empresarios dominicanos por robo de US$2.4MM al Departamento de Educación

Miguel Cruz Tejada

NUEVA YORK,- Keisha Relf Davis, una cómplice de la reconocida empresaria dominicana Juani Ortiz y el empresario dominicano Juan Cabrera, quienes ya fueron sentenciados por el robo de $2.4 millones de dólares en una estafa millonaria al Departamento de Educación, fue condenada el viernes por participar en el esquema de fraude al estado.

La sentencia la anunció en un comunicado la oficina del Procurador General del Estado Eric Schneiderman, quien dijo que Refl Davis, se desempeñaba como una consejera, que actuando en complicidad con Ortiz y Cabrera, aprobaba préstamos fantasmas para estudiantes del Programa de Rehabilitación Vocacional de Servicios Profesionales y de Educación Continua (ACCES-VR), y fue acusada en septiembre de 2014 por un Gran Jurado en El Bronx.
El juez Steven Barret, la condenó a entre 6 y 2 años de cárcel. Otro cómplice de los dominicanos, Steven Washington, también fue acusado por el robo.
Ortiz y Cabrera, fueron sentenciados por el cargo de hurto mayor.
«Los que roban del estado tendrán graves consecuencias», dijo el Fiscal General Schneiderman. “Los programas gubernamentales no pueden ser utilizados como una alcancía personal, especialmente aquellos que están destinados a ayudar a algunos de nuestros ciudadanos más vulnerables».
Como parte del plan, Relf Davis, a cambio de sobornos en efectivo, aprobó a los estudiantes para el Programa de Rehabilitación Vocacional de Servicios Profesionales y de Educación Continua (ACCES-VR), aunque estos estudiantes nunca solicitaron participar..
El programa ACCES-VR fue creado para ayudar a los neoyorquinos elegibles con discapacidades y limitaciones funcionales a ganar auto-dependencia a través de la educación, la capacitación y el empleo.
Relf Davis sabía que los estudiantes que aprobó no tenían discapacidades ni limitaciones funcionales para calificar para ese programa.
Desde octubre de 2010 hasta marzo de 2013, en el condado de El Bronx y en otras partes de Nueva York, Relf Davis y otros acordaron robar más de un millón de dólares del programa ACCES-VR. Cuando los estudiantes se preparaban para solicitar la licencia de conducir comercial («CDL») con entrenamiento en las escuelas Roadway y Americana, la segunda propiedad de Ortiz y Cabrera, los coacusados exigieron que los estudiantes proporcionaran una copia de su licencia de conducir y su tarjeta de seguridad social.
Además, los estudiantes tenían que pagar de $300 a $500 en efectivo por las lecciones. Estos pagos los hicieron directamente a Relf Davis como sobornos. Durante el curso del plan, cada escuela de choferes pagó a Relf Davis más de $10.000 en sobornos.
A cambio de los sobornos en efectivo, Relf Davis llenaba fraudulentamente una solicitud para los servicios de ACCES-VR en nombre de cada estudiante de Roadway y Americana de quienes recibió una licencia de conducir y una tarjeta de seguridad social de parte de los coacusados.
Falsificó múltiples firmas de estudiantes y falsamente indicó que los estudiantes sufrían de problemas de abuso de sustancias, cuando no era cierto. Para cada estudiante Relf Davis aprobó recibir la capacitación de CDL en Roadway o Americana, y acordó aprobar los pagos de ACCES-VR a las escuelas de manejo que van desde $3,900 hasta $ 4,930, sin necesidad de documentación o evidencia de que las escuelas proporcionaron los servicios contenidos en las propuestas o comprobantes.
Relf Davis y otros a sabiendas, presentaron documentos falsos y falsificados con el Departamento de Educación del Estado y con ACCES-VR, dijo la fiscalía estatal.
Presentaron falsamente solicitudes, certificaciones de elegibilidad de servicios profesionales, propuestas y cupones con certificaciones de que Roadway y Americana proporcionaron 50 horas de instrucción en el aula, 40 horas de instrucción teórica y 35 horas de servicios de capacitación en carretera para los presuntos consumidores de ACCES-VR.
Roadway y Americana, a pesar de que no proporcionaron estos servicios a los estudiantes.
Además, los servicios que los estudiantes recibieron de las escuelas valían mucho menos que la cantidad que ACCES-VR pagó.

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