Abogado dice DNCD no tenía orden judicial previa en caso venezolanos
El abogado Valentín Medrano acusa a la DNCD valora decisión jueza
SANTO DOMINGO.-El abogado de cinco venezolanos acusados de presuntamente traficar con 359 kilos de cocaína por el aeropuerto internacional de La Romana y que fueron liberados por una jueza interina de la Oficina de Atención Permanente de esa provincia, acusó a la Dirección Nacional de Control de Drogas(DNCD) de violar derechos procesales en contra de los imputados.
El jurista Valentín Medrano señaló entre las violaciones se encuentran que para «interdictar» una aeronave se necesita una orden judicial previa y que los agentes de la DNCD no la tenían y que luego apelaron a miembros del Ministerio Público, estos a su vez hacieron la solicitud vía telefónica a una jueza.
La DNCD definió ayer la decisión evacuada por la magistrada Aristida Mercedes como desafortunada y desorientadora y un estímulo para que las estructuras del narcotráfico internacional y el lavado de activos refuercen sus intentos de utilizar al país como puente en el trasiego de cargamentos de drogas hacia los Estados Unidos y Europa.
«La magistrada dio una decisión de valor haciendo lo que la ley ordena, lo que pasa es que muchos jueces no lo hacen por miedo a la opinión pública», apuntó Medrano en una llamada al programa El Gobierno de la Mañana.
Medrano criticó que se sacara a la luz pública el proceso que se realizaba en la Oficina de Servicios Judiciales de Atención Permanente de La Romana. Los acusados en el proceso son los venezolanos Carlos Justiniano, Jorge Henríquez, Gregory Frías, Gerardo Díaz y Jean Carlos Díaz,
«Pero en este país una parte minúscula de la sociedad no cumple la Ley, pero lo peor es que no hay consecuencias», agregó el abogado de los extranjeros.
Este lunes, el procurador general de la República, Francisco Domínguez Brito, calificó como “altamente preocupante”, la libertad pura y simple con la cual fueron favorecidos cinco imputados de nacionalidad venezolana, a quienes les fueron ocupados unos 359 kilos de sustancias controladas, por una jueza interina de la Oficina de Atención Permanente de La Romana, contra quienes el Ministerio Público había pedido prisión preventiva.
