• 26 abril, 2024

Accidentes de tránsito, ¿una marca país?

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Manuel Volquez

Por Manuel Vólquez

Cada 24 segundos muere una persona en el mundo a causa de un accidente de tránsito, un total de 1.3 millones anualmente se ve afectada.

En República Dominicana, son una de las principales causas de fallecimientos, hechos atribuidos a la conducta temeraria de los conductores que rebasan y no respetan el límite de velocidad en las carreteras y autopistas.

Es posible que algunos conductores transiten borrachos o endrogados, lo que se explica por las condiciones en que quedan las víctimas.

En una publicación divulgada el 21 de noviembre de 2019, se especifica que en el país 27 mil 816 personas fallecieron en los últimos 16 años, de acuerdo con los datos registrados por la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE).

La directora del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT), Claudia Franchesca de los Santos, asegura que el 90% de esas colisiones son causadas por imprudencia de conductores e inobservancia de los mandatos de la Ley 63-17.

Comparto esa versión, que por cierto la escucho desde hace cinco décadas en la voz de otras autoridades del tránsito, expertos en esos asuntos y teóricos de la comunicación.

¿Qué se está haciendo para sacar de la calle a esos imprudentes, muchos de estos reincidentes en accidentes catastróficos que han segado cientos de vidas y salen de la cárcel luego de prestar fianzas, para continuar conduciendo con absoluta impunidad?

Existe una ley que penaliza a los conductores ebrios, pero, al parecer, no se cumple. Con frecuencia he visto a personas transitar en vehículos con una botella de alcohol destapada en las manos, junto a la familia, incluyendo niños. Son irresponsables potenciales, provocadores de accidentes.

Si damos un vistazo a los autobuses del transporte interurbano o transportistas de camiones, de seguro que encontraremos evidencias de conductores ingiriendo alcohol o droga.

No estoy exagerando. Durante la jornada navideña de diciembre del 2019, agentes de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (DIGESETT), acompañados de una personal técnico del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT), realizaron pruebas de alcoholemia en varias terminales del transporte interurbano.

De acuerdo a la Ley 63-17 de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, es responsabilidad de la Digesett la implementación de las pruebas de alcoholemia a los conductores en las calles y carreteras para reducir los riesgos de siniestros viales vinculados a la ingesta de alcohol.

Hubo un error en ese operativo: los operadores de las distintas terminales de autobuses fueron informados previamente por las autoridades y eso le daba tiempo para avisar a sus empleados. Por eso, los resultados no fueron muy halagüeños.

Las pruebas se aplicaron a 512 conductores, de los que 126 las pasaron (25%) y 336 (75%) dieron positivo. Es posible (es lo que indica la lógica) que talvez esos 126 fueron alertados por los operadores de su compañía.

La inspección de los minibuses, microbuses y autobuses del transporte de pasajeros formaba parte de la campaña “Pacto por la Vida” y tuvo como finalidad garantizar la seguridad de los usuarios que se desplazan hacía distintos puntos del interior del país para celebrar junto a sus familiares las festividades navideñas.

¿Por qué solo practicar esas pruebas en Navidad y no hacerlo de forma sorpresiva, permanente, los demás días del año? Una gran cantidad de dominicanos consume alcohol a diario, tarea etílica y cultural que se incrementa los fines de semana. Muchos de estos manejan vehículos, lo que los convierte en asesinos circunstanciales del volante.

El Ministro de Salud Pública, Rafael Sánchez Cárdenas, dijo que los accidentes de tránsito terrestre son la primera causa de muerte en la población de 5 a 29 años, que el 54% de los fallecidos son peatones, motociclistas y ciclistas, y que los usuarios vulnerables representan el 85% de la mortalidad.

De la cantidad de defunciones, 24,240 son hombres y 3,576 son mujeres, lo que coloca al país entre los primeros de la región con la mayor cantidad de casos registrados.

En el 2010 hubo la mayor cantidad de casos con 2,132, de acuerdo con las estadísticas oficiales.

“Queremos que toda una sociedad se involucre en crear conciencia sobre el manejo temerario y el cumplimiento de las leyes de tránsito, no podemos continuar aumentando la cifra de muertes y lesionados, es un compromiso de la población ser parte del cambio de comportamiento, desde el Ministerio de Salud continuaremos impulsando acciones que promuevan y fortalezcan la prevención, educación y concienciación de la población”, comentó Sánchez Cárdenas.

Recuerdo que, en esa ocasión, la representante en el país de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), Alma Morales, consideró necesario involucrar a la población y a las autoridades de manera oportuna con el tema de la educación vial.

Explicó que los accidentes de tránsito “son un problema de salud pública” que provoca graves traumatismos, discapacidades y muertes prevenibles, y que genera, más allá del alto costo social, una pesada carga para el sistema de salud en el país y que es una necesidad analizar la situación actual y proponer acciones efectivas en respuesta a ese flagelo.

Eso es así. Debe ser una tarea compartida en la que intervengan los gestores de colegios, escuelas públicas, universidades, las iglesias, los medios de comunicación, la clase política,

el empresariado y otras fuentes que generen opinión pública como, por ejemplo, las redes sociales.

Hay que orientar a la ciudadanía sobre cómo caminar por las calles para evitar ser víctima de un desadaptado social detrás de un volante automovilístico. La ley de tránsito terrestre no se configuró para el exclusivo uso de los conductores, sino también para que los ciudadanos la respeten. Hay desconocimiento en esa materia, sobre todo, caminando el paso peatonal cuando el semáforo da luz verde a los conductores.

Es la fórmula adecuada para impedir que los accidentes de tránsito nos conviertan en una marca país para la República Dominicana.

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