Activista y Centro Cultural en Montreal rechazan boicot de haitianos a turismo de RD

Miguel Cruz Tejada

NUEVA YORK,- El Centro Cultural Dominicano en Montreal (Canadá) y el dirigente comunitario Héctor Luis Molina, rechazaron el boicot montado por grupos de la diáspora haitiana en esa ciudad, contra el turismo de la República Dominicana, por alegadas violaciones a los derechos humanos a los haitianos que residen en el país caribeño y contra la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional.

Molina, quien es licenciado en derecho con diplomado en relaciones internacionales, dijo que la campaña de acusaciones contra los dominicanos, orquestada por los haitianos en Canadá carece de veracidad y sólo busca atacar la industria turística nacional con el fin de debilitarla.

Agrega que los haitianos  “quieren además, poner en cuestionamiento nuestro sistema de derecho,  que nos legitima e identifica como estado soberano, con la prerrogativa de poder definir en nuestra carta magna quienes son dominicanos o no, en la mismas condiciones y con el mismo derecho que tienen todas las naciones del mundo”.

Molina dice que “toda esta campaña la vienen realizando bajo la lógica de victimizarse, con el alegato infundado y poco creíble de que somos un país donde se practica el racismo, la xenofobia y la discriminación con el fin de confundir a la comunidad de naciones y con ellos ganar adeptos a su causa de condenar la República Dominicana en los escenarios internacionales”.

Señala que República Dominicana no es, ni ha sido un país racista, por estar integrado en su mayoría por un pueblo mulato que es el producto del intercambio racial entre negros y blancos, es un símbolo de resistencia contra la discriminación racial, por ser el suelo donde se produjo la primera rebelión de esclavos del planeta en 1522.

Añade que “no hay un país en el mundo, más generoso,  solidario y más consecuente con Haití que República dominicana. Siempre hemos estado ahí ayudándolo cuando nos han necesitados”.

Molina recuerda que República Dominicana y Haití, son dos pueblos distintos e independientes, que comparten el mismo territorio dividido por límites territoriales, con cultura, lengua y religión diferentes, por lo que deben entendernos de manera armoniosa y pacífica, implementando tratados y relaciones de amistad que tiendan a acercarlos.

Explica que “cada uno en su lado debemos respetarnos y como naciones hermanas vivir y aplicar el principio de la coexistencia pacífica, cooperación y la política de buena vecindad”.

Reitera que “somos una nación soberana e independiente, con derecho a la autodeterminación, capaz de tomar nuestras propias decisiones, sin injerencias extranjeras, con un sistema de leyes y reglas jurídicas que nos encuadran y rigen nuestras relaciones”.

Precisa Molina que  “el estado dominicano, tiene la potestad constitucional de definir quiénes son sus ciudadanos y cuales requisitos deben reunir, sin que nadie se lo dicte”.

En defensa de la sentencia del Tribunal Constitucional, sostiene que “con la mayor jerarquía dentro del poder judicial, como uno de los tres poderes del estado, puede dictaminar y dirimir por sentencia cualquier conflicto que se produzca en el orden constitucional de nuestra carta magna y sus decisiones son inapelables y vinculantes a las demás instituciones y poderes del estado dominicano”.

Indica que  la sentencia 168-13 no plantea nada nuevo, ni tiene carácter retroactivo, sino que dispone hacia el futuro y ratifica lo que establece la ley sustantiva del 2010 sobre la nacionalidad, ratificada también, por el fallo de la Suprema Corte de Justicia del 2005 y la constitución de 1929 en cuanto a la cuestión de definir quiénes son ciudadanos dominicanos y las personas en tránsito.

“La sentencia 168-13 del tribunal constitucional, manda y convoca los organismos correspondientes: Interior y Policía, la Dirección General de Migración y la Junta Central Electoral para hacer un levantamiento o auditoría con el propósito de regularizar la situación de los extranjeros que se encuentran como transeúntes, o ilegalmente en nuestro territorio para evaluarlos y determinar sus arraigos”, añade Molina.

“Independientemente de lo correcto de la sentencia 168-13 la que apoyamos, por defender nuestro interés y nuestra soberanía nacional, la que es innegociable, estamos dándole una salida humanitaria de regularización a esta situación, como se está ya implementando, la propuesta hecha sabiamente por la presente administración de gobierno, presidida por el compañero Danilo Medina, quien  señaló el 27 de febrero pasado, frente al congreso, que se respetaran los derechos humanos y que una vez terminado el proceso se aplicará todo el peso de la ley porque ya no habrán más prorrogas”, enfatiza.

ATAQUES EN HAITI

Molina se refirió también a los recientes hechos ocurridos el 2 de enero del 2015 en la ciudad en Anse-pitre Haití, donde el personal del consulado dominicano que funciona allí fue secuestrado por turbas de civiles haitianos, y en Puerto Príncipe donde un grupo de haitianos violentaron el consulado dominicano, bajaron y quemaron la bandera dominicana y en su lugar pusieron a ondear la bandera haitiana, dijo que “constituyen actos violatorios de nuestra soberanía nacional, en el sentido de que las normas del derecho internacional establecen que nuestras misiones diplomáticas y los consulados, son parte de nuestro territorio en los países donde están establecidos y por lo tanto gozan de garantías, inmunidades, privilegios y seguridad de parte de los países receptores”.

Manifiesta  que “estos hechos son violatorios no sólo para la Republica Dominicana, sino más grave aún, una violación a las normas más elementales del derecho internacional de la comunidad de naciones y específicamente una violación a tratados internacionales multilaterales que fueron firmados, entre otros muchos países, Republica Dominicana y Haití, como lo fue la Convención de Viena de 1961, sobre relaciones e inmunidades diplomáticas y la convención de Viena en asuntos consulares de 1963”.

Hizo un llamado tanto a la ONU y  la OEA como organismos multinacionales a mantenerse vigilantes ante hechos como esos con los que se crean fisuras y violentan las normas y la convivencia internacional.

“Estamos completamente de acuerdo, apoyamos y saludamos el cierre de que fueron objeto nuestras cinco consulados en Haití dispuesta por el Ministro de Relaciones Exteriores y ordenadas por el ejecutivo quien dirige nuestra política exterior, hasta tanto se reafirmaran las garantías de seguridad, de que se van a respetar los convenios internacionales y nuestros consulados puedan ejercer sus funciones como los mandan las leyes y las norma internacionales”, concluyó diciendo Molina.