Anteproyecto de Ley Antidiscriminatoria prevé amparo especial para víctimas de discriminación
Santo Domingo.- El Consejo Nacional para el VIH y el Sida (CONAVIHSIDA) presentó a las agencias de cooperación e instituciones del Gobierno el Anteproyecto de Ley General de Igualdad y No Discriminación, que prevé una acción de amparo especial para las víctimas de de discriminación.
El doctor Víctor Terrero, director ejecutivo de la institución, afirmó que la pieza es un paso decisivo para erradicar toda forma de discriminación en el país.
“Este Anteproyecto establece, de manera integral, las disposiciones necesarias para proteger los derechos humanos de los grupos vulnerables y poblaciones clave, así como las sanciones destinadas a la restitución de tales derechos al ser vulnerados mediante acciones tipificadas como discriminatorias”, expresó el funcionario.
Explicó que la formulación de la pieza cumple una recomendación del Diálogo Nacional sobre VIH y Derechos realizado en 2012, con el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
Cristóbal Rodríguez y Orlidy Inoa, consultores redactores del anteproyecto, explicaron que a pesar del componente punitivo, la pieza hace énfasis en la educación para proscribir la discriminación.
Dijeron que la propuesta se fundamenta en el artículo 39 de la Constitución, que establece la igualdad de derechos de todas las personas y prohíbe cualquier tipo de discriminación.
El Anteproyecto prevé sanciones para quienes incurran en acciones tipificadas como discriminatorias. “Aunque acoge las disposiciones del Código Penal, establece multas de 50 a 100 salarios mínimos del sector privado”, explicaron.
“Estamos acogiendo un mandato expreso de la Constitución de la República para erradicar toda forma de discriminación”, expresaron.
Los ámbitos de aplicación de la ley serían el de la salud integral y seguridad social, educación en todos los niveles, el ámbito laboral público y privado, la afiliación y participación en organizaciones políticas, sindicales, empresariales, profesionales y de interés social o económico, y protección social, las prestaciones y los servicios sociales; en el acceso, oferta y suministro de bienes.
También servicios a disposición del público, incluida la vivienda; acceso y permanencia en establecimientos o espacios abiertos al público, en la publicidad y medios de comunicación y acceso a la justicia.
El Anteproyecto de Ley General de Igualdad y No Discriminación cuenta con 37 artículos, orientados a prevenir y eliminar toda forma de discriminación contra las personas en sentido general, pero hace énfasis en las personas, colectivos y poblaciones más vulnerables.
“El énfasis en esas poblaciones obedece que son los que se encuentran en condición de mayor vulnerabilidad a la hora de acceder a los servicios sociales y de ejercer su condición de ciudadanos más propensos a las acciones y prácticas discriminatorias”, explicaron los especialistas.
Tales grupos vulnerables son las mujeres, niños, niñas, adolescentes, personas con discapacidad, adultos mayores, personas con VIH, comunidad LGTBIQ+, trabajadores sexuales, migrantes, usuarios de drogas, personas que viven en pobreza extrema, personas privadas de libertad.
La pieza contempla la creación del Comité Nacional para la Eliminación de toda forma de Estigma y Discriminación (CONEED), que funcionará bajo la coordinación operativa del CONAVIHSIDA, con facultades de supervisión y monitoreo del cumplimiento de la Ley. Igualmente se propone que la presidencia del comité sea rotativa cada dos años.
Los redactores del Anteproyecto precisaron que el encuentro del CONAVIHSIDA con organismos internacionales y entidades del Gobierno se realizó, con el objetivo de “escuchar su sentir e identificar los temas que no deben quedar fuera del Anteproyecto de Ley”.
La propuesta también fue presentada a representantes de la sociedad civil, de los grupos vulnerables y poblaciones clave, en procura de recibir sus aportes y lograr un documento vivo, fruto de la participación activa de todos los sectores y actores que inciden en la temática.
Por el gobierno participaron, además de Víctor Terrero, Sabrina Gil, Natalia Pereyra y Nelson Belisario, del CONAVIHSIDA; Danissa Cruz y Emely Ramírez, de la Procuraduría General de la Republica; Noel Sued, de la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores (MIREX); Julia Méndez, Ministerio de Trabajo; Natalia Gómez y Yissel Alcántara, del Consejo Nacional de la Persona Envejeciente (CONAPE); y María Batista, de la Oficina de la Defensora del Pueblo;
Las agencias de cooperación estuvieron representadas por Ruth Fernández, del PNUD; Ernesto Guerrero, de la USAID; Yordana Dolores, de ONUSIDA y Domingo Rincón, de Heartland Alliance International.
Por la sociedad civil estuvieron Santo Rosario, director del Centro de Orientación e Investigación Integral (COIN); Confesora Pérez, del Círculo de Mujeres Discapacitadas (CIMUDIS), Raul Canario (Shakira) y Juan Gómez, de Transsa Siempre Amigas, y Miriam Gonzalez, del Movimiento de Mujeres Unidas (MODEMU).
