Aplazan nuevamente audiencia de coerción en Operación Discovery 3.0 en Santiago
Santiago de los Caballeros,. – La jueza Yiberty Polanco, del Juzgado de Atención Permanente de Santiago, aplazó para el próximo miércoles 27 de agosto la audiencia de solicitud de medida de coerción contra los implicados en la supuesta red criminal desmantelada mediante la Operación Discovery 3.0.
Se trata de la tercera ocasión en que el tribunal pospone la audiencia. En esta oportunidad, el aplazamiento se debió a la sobrecarga de trabajo del tribunal, que inició su jornada al mediodía y solo pudo avanzar con la lectura parcial del extenso expediente, compuesto por más de 300 páginas.
Durante la sesión del viernes, apenas se logró la exposición del relato fáctico de un imputado, equivalente a unas 54 páginas de las 306 que integran el documento acusatorio. La magistrada dispuso que el proceso continúe el miércoles a las 10:30 de la mañana, con la posibilidad de dividir la audiencia en varias sesiones, miércoles y viernes, debido a la complejidad del caso.
Los imputados en este proceso son Jesús Manuel Castaños Colón, Adderly Antonio Polanco Báez, Bernardo Taveras Vélez, José Ramón López Tavarez, Juan Luis Naranjo Gómez y Luis Eduardo Méndez Ureña, a los que se sumó recientemente Gipsy Pamela Castaños García, acusada de servir como testaferra.
El Ministerio Público solicita 18 meses de prisión preventiva como medida de coerción contra los acusados y que el proceso sea declarado complejo. Según la acusación, la red utilizaba sistemas de VoIP y VPN para ejecutar la llamada “estafa de los abuelos”, dirigida a adultos mayores residentes en Estados Unidos.
Las autoridades señalan que el fraude supera los 5 millones de dólares, mientras que los bienes incautados en la República Dominicana ascienden a 500 millones de pesos, entre inmuebles, vehículos de lujo y empresas.
La medida de coerción ya había sido pospuesta en dos ocasiones: la primera a solicitud de las defensas, para revisar físicamente el expediente, y la segunda por petición del Ministerio Público, que requería tiempo para estudiar los presupuestos depositados por los abogados de los imputados.
