
“El derecho internacional permite a los Gobiernos restringir algunos derechos cuando se enfrentan a una emergencia como la causada por la COVID-19. Sin embargo, estas medidas deben ser necesarias y proporcionales», señaló Bachelet en un comunicado, que puede leerse completo en este enlace.
La expresidenta de Chile subrayó que dichas medidas, además, deben «estar en concordancia con la Constitución y las normas y estándares internacionales de derechos humanos».
Asimismo, recordó que debe haber una supervisión judicial y legislativa vinculante al poder ejecutivo, y que el Gobierno debe acatarla.
«Me preocupa que este no ha sido el caso en El Salvador y que el Gobierno está, por consiguiente, faltando a los principios fundamentales del Estado de derecho”, aseguró la comisionada.
El comunicado agrega que, a pesar de vivir un estado de emergencia, «algunos derechos fundamentales no pueden restringirse ni suspenderse, entre ellos el derecho a no sufrir malos tratos y la garantía fundamental contra la detención arbitraria».
Desde el inicio de las medidas de cuarentena dictadas por el presidente Nayib Bukele, ciudadanos, políticos y ahora organismos internacionales, han denunciado arrestos arbitrarios y otras restricciones que violan derechos fundamentales.
Asimismo, Bachelet también expresó su preocupación por los mensajes públicos que estigmatizan a los periodistas y contra los defensores de los derechos humanos y las instituciones que buscan defender las libertades fundamentales y el Estado de derecho.
“La diseminación de información verificada y basada en hechos sobre la COVID-19 y las medidas necesarias para combatirla, es crítica para evitar el pánico, asegurar la confianza del público y salvar vidas. Los periodistas deben poder informar de forma integral sobre la pandemia y la efectividad de las medidas gubernamentales, sin temor ni censura. Recuerdo a las autoridades que las críticas no son un delito”, dijo.
Bukele ha defendido en reiteradas ocasiones las medidas que ha impuesto y ha asegurado que las mantendrá a pesar de la insistencia de la Corte Suprema de Justicia y de las sugerencias de estos organismos e incluso senadores estadounidenses.
