Buenas Señales

La sentencia dictada por los jueces del Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional contra 16 de los 22 acusados por la matanza de 7 colombianos en el poblado Ojo de Agua, de Paya, Baní, en un hecho vinculado con el trasiego de un cargamento de 1,300 kilos de cocaína el 4 de agosto de 2008, indiscutiblemente que envía una señal positiva de la determinación que, como sociedad, tenemos todos para enfrentar el flagelo de las drogas.

El fallo de los magistrados Alina Mora de Mármol, Ramona Natividad de los Santos y Rafael Pacheco condenando a 30 años de prisión a siete de los implicados, mientras cuatro deben cumplir prisión de 20 años; dos a 10 años; dos a cinco años, uno a tres años y otros seis fueron beneficiados con descargo, constituye una señal al país de que en la lucha contra el crimen organizado, el narcotráfico y la corrupción hay un solo camino por el que debe transitar el país.

Si todos los ciudadanos, no importa su responsabilidad pública, actuamos apegados al cumplimiento de la ley para cerrarle el camino a quienes se colocan al margen, la actual generación estará evitando a nuestro relevo generacional grandes dolores de cabeza.

Las sentencias del caso Paya y del Segundo Tribunal de Atención Primaria de Santo Domingo, esta última ordenando prisión preventiva contra tres de cuatro oficiales y dos pilotos extranjeros involucrados con un cargamento de 145 kilos de drogas detectado en una avioneta que se disponía a salir por el aeropuerto de Las Américas, rumbo a Puerto Rico, se convierten en buenos augurios para una sociedad que necesita de señales claras y contundentes en esa dirección.

Sin  hurgar en los detalles de cada expediente, la sociedad acogió positivamente el buen juicio que primó en la conciencia de los magistrados que actuaron en cada caso para tomar sus decisiones. Si los expedientes están debidamente sustentados por el Ministerio Público, con las evidencias y los testimonios de personas claves, las sentencias en un juicio de fondo tienen que concluir de esa manera.

Si, por el contrario, la sociedad observa que autoridades civiles, jueces, ministerio público, policías y militares actúan en contubernio para crear mantos de impunidad, entonces se pierden las energías vitales para limpiar de esas lacras a las instituciones públicas o privadas que pudieran estar permeadas.

Como país geoestratégicamente clave en el trasiego de drogas que viene de América del Sur, el esfuerzo por detener el avance de ese mal debe ser mancomunado:  una voluntad del gobierno central, del Ministerio Público, de Policías y militares que guardan la seguridad y el orden público, así como de los honorables miembros del Poder Judicial.

Una señal contraria  desde esos estamentos es la que recibieron los hermanos pueblos de Colombia y México en la década de los ochenta y noventa cuando las redes de narcotráfico se convirtieron en estados paralelos, que decidían sobre la vida y el futuro de los pobladores de aquellas comunidades donde tenía control, mientras muchas de sus autoridades se involucraron o se hacían de la vista gorda.

Las medidas adoptadas por el gobierno del presidente Leonel Fernández para contener la violencia en los barrios producto de las acciones del microtráfico van en esa dirección: depuración de los organismos destinados a combatirlos, equipamiento con aviones, radares y tecnología de punta en la Marina de Guerra, el Ejército y las Fuerza Aérea Dominicana, acciones que deben estar respaldadas por todas las entidades que tienen que ver con la persecución, control y castigo al crimen organizado. Pero no es una responsabilidad exclusiva del gobierno.

Si cada quien juega su papel con integridad y apegado a la ley, la sociedad no debe temer; recobraremos la tranquilidad de nuestras familias, pero si ocurre lo contrario, estaremos experimentando el recrudecimiento de la violencia.

La dominicana se caracteriza por ser una sociedad pacífica, de manera que todos debemos luchar para sacar de nuestros barrios las bandas organizadas. El esfuerzo debe ir encaminado a evitar que el país llegue a los niveles de violencia de pueblos hermanos como México y Colombia. El gobierno mexicano declaró la guerra a los carteles de las drogas en el año 2006 y, desde esa fecha, han muerto 30 mil hijos de la patria de Benito Juárez. Las últimas estadísticas dadas a conocer por las autoridades mexicanas establecen que 7 mil 500 personas mueren cada año por la violencia de los carteles.

El programa de Seguridad Ciudadana implementado por el gobierno de Alvaro Uribe durante ocho años en Colombia, que implicó el enfrentamiento a las redes de narcotráfico, el envío a las cárceles de sus miembros y la extradición de decenas, entre otras medidas, devolvió a los colombianos la tranquilidad perdida. En el caso de México, el presidente Felipe Calderón ha sido criticado por sectores de ese país que no entienden que contra el narcotráfico el único camino es la guerra, pero la guerra con el apoyo de toda la sociedad, sin complicidades.

Esas bandas organizadas no sólo trafican con drogas que consumen nuestros jóvenes, sino que se convierten en redes de distribución de armas de todo tipo y de reclutamiento y adiestramiento de personas en labores sicarescas y de tráfico humano.

Nuestra sociedad tiene que seguir depurando a sus hombres públicos, pues aquellos que a sabiendas de tener la responsabilidad de convertirse en garantes del cumplimiento de la ley actúan en franca traición a la fe depositada deben ser puestos en evidencia.  No importa el rango, ni el nivel jerárquico de una función pública. Todos tenemos el compromiso con nuestro país y nuestras familias de blindar a la sociedad de la amenaza de este fenómeno.

El tráfico de drogas es la amenaza del siglo XXl que todos debemos enfrentar. Los gobernantes, jueces, militares, policías, sacerdotes, pastores, padres y madres, absolutamente todos, tenemos un compromiso con la tranquilidad de nuestros hijos y nietos, de manera que las señales enviadas la semana pasada desde los estrados son reconfortantes.