
La decisión judicial, tramitada bajo el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes, contempla penas de hasta ocho años en centros especializados para jóvenes de 14 a 18 años. En este caso, el menor cumplirá la condena en un centro de atención especializada.
La Fiscalía detalló que el joven había sido capturado en flagrancia el pasado 7 de junio, minutos después de disparar contra el senador del Centro Democrático en el parque El Golfito, barrio Modelia, donde la víctima encabezaba un mitin político.
Participación del menor en el atentado
De acuerdo con las investigaciones, el menor recibió una pistola Glock 9 mm de manos de Elder José Arteaga Hernández, señalado de coordinar el ataque, y fue trasladado en un vehículo conducido por Carlos Eduardo Mora González, uno de los seis detenidos por este crimen.
El joven descendió del automóvil, caminó hasta el lugar del mitin y disparó contra Uribe Turbay, quien resultó herido en la cabeza. El senador falleció el 11 de agosto tras varios días en estado crítico. En la huida, el atacante fue reducido por el esquema de seguridad del político y entregado a las autoridades.
Reacciones y críticas
El abogado Víctor Mosquera, representante de la familia, reconoció que la sanción aplicada es una de las más altas previstas por la ley, pero consideró que resulta insuficiente:
“Respetamos la decisión, pero esa sanción nunca se equipara con la vida que arrebató ni con el dolor causado. Esta ley incentiva que el crimen use menores sin castigo real y efectivo”, expresó en la red X.
Investigación en curso
La fiscal general de Colombia, Luz Adriana Camargo, confirmó que el asesinato fue tipificado como magnicidio, dada la relevancia política de la víctima. Señaló además que los autores materiales ya responden ante la justicia, pero que continúa la búsqueda de los determinadores del crimen, sin descartar la participación de la disidencia de las FARC conocida como Segunda Marquetalia.
El magnicidio de Uribe Turbay ha reavivado el temor a un nuevo ciclo de violencia política en Colombia, a menos de un año de las elecciones presidenciales de 2026, evocando los episodios de 1990 en los que fueron asesinados los candidatos Luis Carlos Galán, Bernardo Jaramillo Ossa y Carlos Pizarro.
El Gobierno colombiano ha encabezado al menos tres reuniones extraordinarias de seguridad para evaluar los avances de la investigación y reforzar las medidas de protección en el marco del proceso electoral.
