¿Colonialismo o rancia burocracia?
Por Rafael Núñez
No hay nada que demostrar cuando una hipótesis surge de una falsa premisa.
En primer lugar, el informe del Departamento de Estado parte de la errónea tesis de que “las mujeres y los niños dominicanos son sometidos a prostitución forzada en todo El Caribe, Europa, Sur América y en los Estados Unidos.
¿Cuáles son las identidades y los casos comprobados de esa denuncia? La República Dominicana, como cualquier país del globo terráqueo, es receptor de todo tipo de problemas sociales- de lo que no escapa Estados Unidos-, pero de ahí a decirse categóricamente y de manera generalizada que las mujeres y los niños dominicanos son sometidos a prostitución forzada, es una mentira irresponsable.
Otro de los argumentos que sostiene ese infame informe revela que “mujeres procedentes de varios países fueron traídas a la República Dominicana para prostitución”, pero más adelante señala que “aunque, en principio, estas vinieron de manera voluntaria”. ¿Cómo es posible que si extranjeras vienen al país de manera voluntaria, como se afirma, el gobierno permita que sus compatriotas, niños y mujeres, sean sometidos a prostitución forzada? No lo entiendo. El país no puede ser cómplice para una cosa y para otra no.
El fallido informe del Departamento de Estado colige que “una cantidad indeterminada (no dice cuánto) puede haber sido consecuentemente víctimas de trata. Hace referencia, además, que “las plantaciones cañeras se citan como vulnerables para posible uso de trabajo forzado”. En esa afirmación no puede haber tanta inconsistencia. Un trabajo que debe ser riguroso, apegado a la verdad, no se puede despachar con la ligereza con que se hizo ese “informe”. Si se trabaja con el rigor que requiere un estudio tan serio como ese, estoy seguro que habrá cosas qué señalar sobre las cuales las autoridades dominicanas estamos al tanto y sobre las que podemos trabajar juntos para superarlas.
No es cierto que las autoridades de Relaciones Exteriores dieron la callada como respuesta.
El informe de la Comisión Interinstitucional contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes del año 2009, enviado a las autoridades norteamericanas, se refiere a las principales acciones que tomó el país para combatir ese mal.
Una de las iniciativas más importantes tomadas por el país en ese sentido tiene que ver con el marco legal que la penaliza, establecida en la nueva Constitución, en donde “el Estado dominicano prohíbe en todas sus formas la esclavitud, la servidumbre, la trata y el tráfico de personas”. Para empezar, se ha constitucionalizado ese crimen. Segundo, esa comisión Interinstitucional de Trata de Personas elaboró un plan estratégico hasta el 2014, un instrumento esencia de política pública, consensuada con las ONGs.
De acuerdo con el informe enviado a Washington, en todo el año 2009, el Ministerio de Relaciones Exteriores recibió cuatro denuncias desde Argentina, de mujeres víctimas de trata, las cuales fueron manejadas por nuestra embajada en ese país, y retornadas, con la debida protección, como se establece en los archivos de la Dirección General de Migración.
Desde finales del año pasado y los meses que transcurren, han sido devueltas 600 dominicanas, en categoría de no admitidas, porque las autoridades argentinas consideran que no califican como turistas, de manera que la Cancillería dominicana incluyó el tema en su agenda para discutir con las autoridades argentinas, a finales del año pasado. Otro ejemplo de la preocupación por el tema de parte del gobierno dominicano ha sido la creación de la Dirección Nacional de Persecución del Narcotráfico y Criminalidad Compleja de la Procuraduría Generala de la República, que agrupa una serie de instituciones que atacan el problema del tráfico de personas, la protección de víctimas y testigos, tráfico ilícito de migrantes. Esta cuenta con fiscales especiales. No es cierto, como se quiere establecer, que no se sometió a nadie por el tráfico de personas.
En el sumario de acciones que envió Cancillería, y que recoge todas las acciones de Migración, el Ministerio Público, la Policía y otras entidades, hace referencia a la apertura de 51 casos de investigaciones abiertas. De ellas se obtuvieron 2 sentencias sobre tráfico de migrantes, dos sentencias sobre trata de personas (trata externa); dos casos de menores de edad involucradas en tráficos ilícito de migrante; 36 casos con medidas cautelar/coerción y 29 solicitudes de apertura de juicio. Las autoridades del Ministerio Público cuentan con el teléfono 1-809 200-7393 para asistencia y denuncia de esos delitos, recibiendo el año pasado 400 llamadas, que fueron atendidas. Sobre acoso sexual infantil se recibió una llamada al número 1-809-200-7327. Siete páginas de internet fueron clausuradas por contenido de pornografía infantil.
El Despacho de la Primera Dama ha capacitado de manera permanente a 100 mil familias en extrema pobreza en el uso del internet para la prevención, investigación y sensibilización y seguimiento en caso de trata de personas. En tanto, la Policía recibió 166 denuncias, de las cuales 163 casos ya fueron resueltos. Realizó 120 operativos, con 10 multas aplicadas y 83 acuerdos entre las partes. Tal como se establece en el informe, repito de 29 páginas enviado a las autoridades de la embajada, se detallan las acciones de todas las entidades gubernamentales y ONGs, así como las acciones de concienciación y prevención. Que puede ser insuficiente? Es posible.
Pero decir que los organismos estatales dieron la callada como respuesta es una irresponsabilidad de quien lo diga, no importa que su identidad se esconda detrás de un pseudónimo. No justifiquemos a burócratas bien pagados, con mentalidad colonialista.
