• 19 abril, 2024

Comisión rinde informe sobre investigación a Fiscales

La comisión que investiga las denuncias relativas a supuestas irregularidades por parte de miembros del Ministerio Público en distintas jurisdicciones, recogidas por el periódico El Caribe, rindió un informe al procurador general de la República, doctor Radhamés Jiménez,  donde establece que luego de concluidas las entrevistas y de analizados los documentos pertinentes llegaron a la conclusión de que las denuncias realizadas parten de una premisa de percepciones generales de algunos de los denunciantes, que no están dirigidas a ningún fiscal en particular.

La comisión la integraron los magistrados Bolívar Sánchez Veloz, procurador adjunto encargado de asuntos internos de la Procuraduría, y los fiscales del Distrito Nacional y la provincia Santo Domingo, doctores Alejandro Moscoso Segarra y Perfecto Acosta, respectivamente.

En el informe enviado al procurador, los magistrados precisan, “Finalmente, en el único caso denunciado que se refiere a dos magistradas del Ministerio Público del Distrito Nacional es importante dejar claramente establecido que se trata de un expediente sobre el cual el denunciante, Juan Miguel Castillo Pantaleón, tiene un interés particular (al representar a una de las partes ), además de que no fue aportado por parte de éste ningún elemento de prueba que nos permitiera abrir una investigación con fines disciplinarios en contra de las citadas magistradas apoderadas del caso señalado”.

A continuación el texto íntegro del informe

Santo Domingo, D.N.

11 de agosto de 2010.

Al                                            :           Magistrado

Dr. Radhamés Jiménez Peña

Procurador General de la República.

De los                                     :           Magistrados

Bolivar Sánchez Veloz

Alejandro Moscoso Segarra

Perfecto Acosta Suriel.

Asunto                                   :           Informe Final sobre las denuncias relativas

a supuestas irregularidades por parte

de miembros del Ministerio Público,

en distintas jurisdicciones, recogidas

por el periódico El Caribe.

Anexos                                   :           1. Lo citado en el asunto;

2. Copia actos de notificación; y

3. Copia de expediente a cargo de las señoras

Aída M. Valdez e Iris M. Valdez

Honorable Magistrado:

Muy cortésmente, luego de saludarle, tenemos a bien remitirle el Informe Final de las investigaciones realizadas relativas a las denuncias públicas recogidas en el periódico El Caribe, sobre alegados actos de corrucpión por parte de miembros del Ministerio Público de diferentes jurisdicciones del país.

En este sentido, nos permitimos informarle que, luego de concluidas las entrevistas y de analizados los documentos pertinentes, hemos llegado a la conclusión de que las denuncias realizadas no están dirigidas a ningún Fiscal Adjunto en particular y que en el único caso denunciado que se refiere a un miembro del Ministerio Público específico, no fueron aportados ningún elemento de prueba que nos permitiera abrir una investigación con fines discilpinarios en contra de la magistrada apoderada del caso señalado. Asimismo, es importante destacar que dicho caso se trata de un proceso en el cual el denunciante representa a un cliente, por lo que susbsiste un interés particular del mismo.

…/

En vista de lo anterior, nos permitimos informar que está Comisión se encuentra imposibilitada de aperturar una investigación sobre hechos generales y denuncias sin fundamento en las cuales no se imputa a ningún miembro del Ministerio Público.

Sin otro particular, quedan de usted muy atentamente,

Dr. Bolívar Sánchez

Procurador General Adjunto de la República.

Dr. Perfecto Acosta Suriel

Procurador Fiscal de la Provincia Santo Domingo

Lic. Alejandro Moscoso Segarra

Procurador Fiscal del Distrito Nacional

INFORME FINAL SOBRE LAS INVESTIGACIONES REALIZADAS CON RELACION A LAS DENUNCIAS PUBLICAS DE ALEGADOS ACTOS DE CORRUPCION DE MIEMBROS DEL MINISTERIO PUBLICO

ANTECEDENTES

Atendiendo a una serie de denuncias públicas recogidas en un diario de circulación nacional sobre alegados actos de corrupción, por parte de miembros del Ministerio Público, el Procurador General de la República, Radhamés Jiménez Peña, designó en fecha 23 de julio de 2010 una Comisión Investigadora integrada por los magistrados Bolívar Sánchez, Procurador General Adjunto, Encargado de Asuntos Internos de la PGR; Perfecto Acosta Suriel, Procurador Fiscal de la provincia de Santo Domingo; y Alejandro Moscoso Segarra, Procurador Fiscal del Distrito Nacional, con el objeto de investigar las denuncias publicadas y remitir un informe con las recomendaciones de lugar sobre los hechos investigados.

Las labores de dicha Comisión y sus resultados están contenidas en los apartados siguientes.

INVESTIGACION

La Comisión Investigadora procedió a citar, en dos ocasiones, a los denunciantes, Dr. Juan Miguel Castillo Pantaleón, abogado, Dr. Julio Cesar de la Rosa Tiburcio, Coordinador General de la Alianza Dominicana contra la Corrupción, Dr. Servio Tulio Castaños, Vicepresidente Ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia, Dr. Trajano Vidal Potentini, Presidente de la Fundación Justicia y Transparencia, y al Sr. Manuel María Mercedes, de la Comisión de Derechos Humanos.

Denunciante Juan Miguel Castillo Pantaléon

El día treinta (30) de julio del año en curso, la Comisión procedió a escuchar lo planteado por el abogado Juan Miguel Castillo Pantaleón, quien manifestó que su denuncia estaba dirigida en el sentido de que se encontraba apoderado del expediente que envuelve a las Señoras Aída M. Valdez e Iris M. Valdez (por uso de documentos falsos) actuando en representación de éstas. En este sentido, expresó  que dicho expediente se encuentra en la Unidad de Decisión Temprana de la Fiscalía del D.N. y que, a un año y medio de instrumentado no se había, hasta la fecha, tomado una decisión al respecto. Asimismo, manifestó además que la fiscal apoderada del caso, la magistrada Gladys I. Cruz Carreño, había propuesto a las partes un arreglo entre ellos. (anexo entrevista).

Una de las ciudadanas representadas por el Dr. Pantaleón, solo se limitó a decir que un tal “hueso” le había llamado proponiéndole que llegaran a un acuerdo entre las partes, pero ésta en ningún momento señala que entregó dinero a cambio de dicho acuerdo.

Por otro lado, según las declaraciones de la parte querellante en el caso de referencia, Lic. Miguel Valerio, actor civil constituido del Banco Popular de Puerto Rico, nos informó que en ningún momento vieron algún acto irregular por parte de la representante del Ministerio Público, Lic. Gladys I. Cruz Carreño; que por el contrario,  entiende que ha actuado de manera correcta,  y que a su vez a sido la parte querellada, es decir las Señoras Aída M. Valdez e Iris M. Valdez, representadas por su abogado el Dr. Pantaleón, quienes han dilatado el proceso, oponiéndose a que se realice un experticio caligráfico pendiente en el Instituto Nacional Ciencias Forenses (INACIF).

Con relación a las Procuradoras Fiscales Adjuntas del D.N., Licda. Gladys I. Cruz Carreño, y la Licda. Nancy Abreu Mejía, esta última Coordinadora de la Unidad de Decisión Temprana, las mismas han demostrado la transparencia llevada a cabo en este caso.

La Comision, después de haber escuchado a todas y cada una de las partes envueltas, y después de haber estudiado el expediente en cuestión, hemos llegado a la conclusión de que no se desprende ningún comportamiento irregular que pueda generar una investigación disciplinaria y sancionadora en contra de los miembros del Ministerio Público apoderados del caso.

Denunciante Julio César de la Rosa Tiburcio

El martes 10 de agosto de 2010, luego de ser citado en dos ocasiones, compareció ante la Comisión el Dr. Julio Cesar de la Rosa Tiburcio, Coordinador General de la Alianza Dominicana contra la Corrupción, el cual, mientras entrevistábamos al Dr. Trajano Vidal Potentini, presidente de la Fundación Justicia y Transparencia, se marchó sin manifestar palabra alguna. Posteriormente, no fue posible entrevistarlo ya que no atendió al llamado realizado.

Denunciante Servio Tulio Castaños Guzmán

El martes 10 de agosto de 2010, el denunciante Servio Tulio Castaños Guzmán, Vicepresidente Ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia, compareció ante la Comision y manifestó que sus declaraciones fueron sacadas de contexto, ya que en ningún momento se refirió a casos particulares de corrucpción a lo intero del Ministerio Público sobre los cuales tuviera conocimiento, sino que más bien se refería a que todavía es necesario seguir fortaleciendo el Ministerio Público.

Denunciante Trajano Vidal Potentini

El martes 10 de agosto de 2010, el denunciante Trajano Vidal Potentini, Presidente de la Fundación Justicia y Transparencia, compareció por ante la Comision y manifestó que él no se iba a convertir en denunciante de nadie y que no tenía una denuncia específica contra alguien ni contra ningún miembro del Ministerio Público, sino más bien sugirió revisar la facultad que le da el Código Procesal Penal a los miembros del Ministerio Público para realizar archivos de expedientes.

Denunciante Manuel María Mercedes

Con relación a este denunciante, se trato de citar y no se localizo su domicilio, fue invitado a comparecer por medio de la prensa escrita, sin que haya comparecido. Asimismo, es importante destacar que dicho ciudadano había manifestado públicamente en el periódico El Caribe que tenía conocimiento de la labor que estaba ralizando esta Comisión Investigadora y que no pretendía comparecer.

CONCLUSION

Luego de concluidas las entrevistas y de analizados los documentos pertinentes, hemos llegado a la conclusión de que las denuncias realizadas parten de una premisa de percepciones generales de algunos de los denunciantes, que no están dirigidas a ningún fiscal adjunto en particular.

Finalmente, en el único caso denunciado que se refiere a dos magistradas del Ministerio Público del Distrito Nacional, es importante dejar claramente establecido que se trata de un expediente sobre el cual el denunciante, Juan Miguel Castillo Pantaléon, tiene un interés particular (al representar a una de las partes), además de que no fueron aportados por parte de éste ningún elemento de prueba que nos permitiera abrir una investigación con fines discilpinarios en contra de las citadas magistradas apoderadas del caso señalado.

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