Como borregos
Editorial publicado este lunes en el vespertino El Nacional
Para empezar hay que decir que nadie en su sano juicio debe oponerse al reclamo de que el Gobierno cumpla con la ley que ordena asignar el cuatro por ciento del Producto Interno Bruto a la Educación.
Aun así, es menester identificar a los samaritanos que impulsan y costean tan profusa campaña, que incluye la distribución de miles de sombrillas, camisetas, afiches, publicidad en radio, televisión y prensa escrita.
La ley que dispone ese porcentaje del PIB al sector educativo data de 13 años y nunca se ha cumplido, por lo que debería llamar la atención que ese tema se ponga de moda de la noche a la mañana.
No se entiende por qué los sectores que patrocinan tan novedosa campaña obvian debatir el tema de la calidad de la inversión en educación, que ha sido sugerido por el litoral oficial.
A más de vestirse de amarillo y de protegerse del sol con una sombrilla del mismo color, es preciso señalar cómo se invertirán los 85 mil millones de pesos que se reclaman incluir para el sector educativo en el presupuesto del 2011.
Más que obligar a niños de costosos colegios privados a vestir de amarillo en el día lunes, para afrontar los profundos y dilatados males de la escuela dominicana se requiere de un debate integral y no de una campaña dirigida a control remoto.
El Gobierno anunció un incremento de cinco mil millones de pesos en el presupuesto educativo de 2011 que será de 45 mil millones, pero se insiste en la necesidad de que la sociedad toda discuta sobre la garantía de que esos recursos ayuden a mejorar la calidad de la enseñanza.
No está claro todavía si los sectores detrás del telón que auspician y costean la campaña de la sombrilla amarilla, persiguen en verdad el anhelado gran salto hacia adelante en la educación, aunque lo menos que puede decirse al respecto es que han reaccionado 13 años después de promulgada la ley del cuatro por ciento.
Se repite hasta el cansancio que nadie en su sano juicio debe oponerse a la aplicación de la ley, pero la ciudadanía tiene derecho también a conocer con nombre y apellido o marcas corporativas a sus proclamados samaritanos.
Un sociedad sensible y solidaria no merece que la acarreen como borrego.
