Santiago.– Un juez de instrucción de Santiago condenó, mediante juicio abreviado, a ocho personas vinculadas a la Operación Colibrí, una red dedicada a la falsificación masiva de documentos públicos y privados, tras acoger la solicitud del procedimiento penal abreviado presentada por el Ministerio Público.
Las condenas impuestas fueron de seis, cinco y tres años de prisión, luego de que los imputados admitieran su culpabilidad. A seis años de cárcel fueron sentenciados Julio César Almonte Espinal, Luis Manuel Rodríguez, Fausto Merán, William Rodríguez Rodríguez, José Rosario Marte y Thomás Enmanuel Rojas. Mientras que Yanuel Morales Rodríguez (Google) recibió una pena de cinco años y José Carlos Montero fue condenado a tres años de prisión.
El acuerdo fue presentado por las fiscales Esther María González Peguero, del Ministerio Público ante la Junta Central Electoral (JCE), y Liliana Guillén, de la Fiscalía de Santiago.
En tanto, los imputados Ana Delia Ysidra Tavarez Soto, Samuel Elías Ceballos Ramos, Arsenio Reyes, José Miguel Cruz Hiraldo y Noel de Jesús Padilla Minaya fueron enviados a juicio, tras el tribunal acoger la solicitud del Ministerio Público.
La investigación estuvo a cargo de la Dirección General de Persecución, la Fiscalía de Santiago y el Ministerio Público adscrito a la JCE, con el apoyo de agentes encubiertos de la Dirección de Seguridad Civil de la JCE, así como de la Dirección Central de Investigaciones Criminales (Dicrim) de la Policía Nacional.
Según el expediente, los procesados admitieron su participación en la falsificación de actas de nacimiento, cédulas de identidad, títulos universitarios y de propiedad, además de licencias de conducir y permisos para porte de armas, documentos que eran vendidos tanto a ciudadanos dominicanos como extranjeros.
El juez Job García Hurtado, del Segundo Juzgado de la Instrucción de Santiago, homologó el acuerdo y dispuso la suspensión parcial de las penas, tomando en cuenta el tiempo que los condenados permanecieron en prisión preventiva. Entre las condiciones impuestas figuran residir en el domicilio declarado, notificar cualquier cambio de residencia y abstenerse de cometer estafas o delitos similares, incluidos los medios electrónicos.
Asimismo, deberán aprender un oficio o continuar su formación académica para desarrollar una actividad laboral lícita. El incumplimiento de estas reglas conllevará el cumplimiento íntegro de la pena en prisión.
El Ministerio Público señaló que la estructura criminal operaba en el entorno de la Junta Municipal de Santiago, poniendo en riesgo la seguridad jurídica del país. Más de 600 páginas del expediente describen la organización del grupo, que utilizaba papeles de seguridad originales para borrar información auténtica y reimprimir datos falsos, creando documentos con características casi idénticas a los originales.
Durante los allanamientos, las autoridades incautaron más de 800 pruebas, incluidos plásticos y equipos utilizados para la impresión de documentos oficiales falsificados.
La calificación jurídica del caso incluye violaciones a los artículos 265, 266, 147 y 150 del Código Penal Dominicano, así como al artículo 13 de la Ley 8-92 sobre Cédula de Identidad y Electoral, que sancionan la asociación de malhechores y la falsificación de documentos públicos y privados.