Consideran necesario regular la tecnología en el manejo de Hábeas Data
SANTO DOMINGO .- La evolución tecnológica, con la que todos estamos de acuerdo, no debe aparejar una involución cualitativa de la protección de los derechos fundamentales, así lo ha considerado el jurista argentino Víctor Bazán, durante su intervención en el VII Encuentro Iberoamericano de Derecho Procesal Constitución, organizado por el Comisionado de Apoyo a la Reforma y Modernización de la Justicia (CARMJ), desarrollado en la capital dominicana.
Como parte de la mesa de discusión que analizó el tema del Hábeas Corpus y Hábeas Data, dentro del evento jurídico internacional, Bazán indicó que “los peligros del mal uso de la informática es un problema medular muy grave, donde una persona puede ser discriminada, siendo violados sus derechos fundamentales a partir de una información errada, transmitida sin su consentimiento”.
Dijo que el Hábeas Data es un derecho a la transparencia en el manejo de datos personales, asegurando un uso democrático de la tecnología de la información.
“Como dijo la Comisión de Libertades Informáticas de Francia, no se trata de paralizar la informática, sino dominarla, tratando de establecerle pautas y parámetros razonables”, afirmó el destacado jurista sudamericano, al tiempo de sugerir que en el país “surge la necesidad de establecer jurídicamente medidas de protección de los datos personales frente a la informatización”.
Añadió que el problema no está en el uso, sino en el abuso informático que debe ser evitado o prevenido en la protección de los derechos del ciudadano, y propuso en la implementación de la protección de los datos personales frente a la informática tres elementos: la racionalidad tecnológica, responsabilidad ética y una adecuada aplicación el derecho post moderno.
El VII Encuentro Iberoamericano de Derecho Procesal Constitucional, que se celebró en el país desde el miércoles 2 y hasta el viernes 4 de marzo, fue organizado por el Comisionado de Apoyo a la Reforma y Modernización de la Justicia (CARMJ), con el apoyo de la Comisión Nacional de Ejecución de la Reforma Procesal Penal (CONAEJ), la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS), el Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal Constitucional y Konrad Adenauer Stiftung.
