¿Culpables o no?
Una justicia bajo sospecha
Por ACVR
El 8 de abril de 2025 quedará marcado en la memoria colectiva de la República Dominicana como una de las tragedias más estremecedoras de las últimas décadas. El colapso del techo de la reconocida discoteca Jet Set no solo cobró la vida de 236 personas de distintos estratos sociales, sino que dejó además 135 heridos y una profunda herida en el alma de la nación. Este siniestro no solo causó dolor, luto y consternación en todo el país, sino que también desató una cadena de interrogantes sobre la calidad de nuestras infraestructuras, la responsabilidad empresarial y, sobre todo, la verdadera independencia de la justicia dominicana.
Tras semanas de silencio oficial, las autoridades finalmente actuaron. Los hermanos de apellido Espaillat, presuntos propietarios o responsables directos del establecimiento, fueron sometidos a medida de coerción con una garantía económica de RD$50 millones, además de la obligación de presentación periódica ante las autoridades judiciales. Una medida que muchos consideran insuficiente, incluso irrisoria, ante la magnitud del desastre. Según fuentes de las fiscalías involucradas, contra los hermanos Espaillat pesan decenas de querellas por negligencia, evidencias técnicas que indican fallos estructurales ignorados y acusaciones múltiples por supuestas irregularidades administrativas.
Este proceso ha despertado una ola de indignación ciudadana. Se percibe una justicia selectiva, que actúa con mayor firmeza según el perfil del imputado, el poder político o económico que ostente, o la presión mediática del momento. Y es imposible no hacer memoria reciente: casos de corrupción de gran resonancia como Operación Pulpo, Coral 5G, Medusa, Calamar, entre otros, tuvieron en su momento todo el aparato judicial y comunicacional volcado, en nombre de una «justicia independiente», mientras la población exigía que se limpiara la casa.
Pero, ¿qué ha cambiado ahora? ¿Por qué, ante una tragedia con más de doscientas muertes, no se ha actuado con la misma contundencia? ¿Dónde están las medidas de prisión preventiva? ¿Por qué los responsables no enfrentan cargos más severos, al menos mientras se esclarece la magnitud de su responsabilidad?
Nombres conocidos entre los fallecidos, como Rubby Pérez, ícono del merengue, o el exbeisbolista Octavio Dotel, así como miembros de la familia Grullón, y todas las familias que resultaron afectadas, no parecen haber hecho suficiente ruido mediático o político como para movilizar con mayor celeridad al sistema judicial. ¿Acaso las vidas perdidas valen menos que los millones desfalcados en otros casos de corrupción? ¿O es que la balanza de la justicia solo se inclina según quién pone el dedo sobre ella?
La República Dominicana se encuentra, una vez más, ante el espejo de su propia institucionalidad. Un país que ha sido testigo de múltiples promesas de cambio judicial y fortalecimiento institucional, pero que, al momento de las grandes pruebas, evidencia aún fragilidad, selectividad y falta de coherencia.
La justicia no puede ser una estrategia de marketing político ni una herramienta de venganza o protección. La justicia debe ser el pilar de la verdad, el consuelo de las víctimas y la garantía de que, sin importar quién sea, el que falla responde.
Porque detrás de cada número hay una historia, una familia rota, un futuro truncado. Porque no se trata solo de los Espaillat, ni de los casos pasados. Se trata del presente y del futuro de un país que ya no tolera más impunidad disfrazada de legalismo.
La sociedad observa. Y, al final, será el pueblo quien juzgue.
