Defendamos nuestra la soberanía
Manuel Vólquez
De manera aleatoria, he revisado las detenciones, en solo tres años, de haitianos indocumentados que con mucha facilidad entran en grupos al territorio dominicano, “como Pedro por su casa”, tal como dice un dicho.
Este experimento lo hago en razón de los numerosos reportes periodísticos que dan cuenta de cientos de esos extranjeros llegando al territorio nacional. Naturalmente se ha denunciado, por enésimas ocasiones, que esa práctica cuenta con la complicidad de los sobornados y malos dominicanos, civiles y militares, que no les preocupa las letales consecuencias de sus anti patrióticas acciones.
El flujo de esos migrantes ha aumentado luego del agravamiento de la violencia e inseguridad en Haití y lo muestran los vídeos de las redes sociales. Por ejemplo, en la zona de Dajabón, hace poco, los soldados del Ejército sacaron 18 indocumentados del interior de un carro Honda Civic con capacidad para montar cinco pasajeros. No entiendo cómo los acotejaron en un espacio tan reducido.
Veamos algunos casos, porque son muchos los reportados a diario:
-20 de diciembre de 2022: En Jarabacoa, agentes policiales interceptaron un camión con 30 haitianos indocumentados, entre estos mujeres, hombres y niños. El chofer del camión alegó que ellos iban a laborar al mercado de Constanza.
-27 de enero 2024: En la provincia Dajabón y el trayecto de la Autopista Juan Pablo II o de Samaná, atajaron dos autobuses por separados con 37 haitianos ilegales.
-11 de septiembre 2024: Por la parte alta de Restauración, el Ejército detuvo un autobús que transportaba de forma irregular 23 de esos individuos.
-14 de septiembre 2024: Interceptaron un camión en Valverde transportando 29 irregulares.
-19 de enero 2024: En el municipio Las Matas de Santa Cruz, en Montecristi, pararon un autobús con 26 personas en similares condiciones migratorias. A bordo también iban mujeres, niños y hombres.
-21 de septiembre 2024: En el sector Boca de Mao, de la provincia Valverde, retuvieron una camioneta cargada de seis personas con un estatus incógnito.
-17 de septiembre 2024: La Fiscalía de Santiago y la Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas, arrestaron y sometieron a la acción de la justicia a un hombre que conducía el vehículo en el que murieron 13 indocumentados haitianos, incluyendo dos menores de edad, luego de que se volcara y cayera en las aguas del canal de riego Cañeo, del municipio Esperanza, en la provincia Valverde.
En la mayoría de esos hechos los transportistas y cobradores son apresados. Otros huyen del lugar dejando abandonado el vehículo. Aún así, continúan llegando en masa indocumentados a la República Dominicana a través de la frontera, un lugar que para los altos mandos militares “está bajo control”.
No sabemos cuántas condenas se han dado contra los que cometen esos delitos. La Ley de Contrabando y Trata de Personas de 2003 (Ley 137-03) penaliza todas las formas de tráfico laboral.
Por igual, castiga el tráfico ilícito de migrantes, que consiste en “la facilitación de la entrada, salida, tránsito o paso ilegal de una persona en el país o al extranjero, sin el cumplimiento de los requisitos legales, con el fin de obtener, directa o indirectamente, un beneficio financiero u otro beneficio”.
El artículo 3 de esa legislación, que abarca varios elementos, expresa lo siguiente: “Se considera pasible del delito de trata de personas el que mediante la captación, el transporte, el traslado, la acogida de personas, niños, adolescentes, mujeres, recurriendo a la amenaza, fuerza, coacción, rapto, fraude, engaño, abuso de poder, situaciones de vulnerabilidad, concesión o aceptación de pagos o beneficios, para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, para que ejerza la mendicidad, cualquier clase de explotación sexual, pornografía, trabajo o servicio forzado, servidumbre por deudas, matrimonio servil, adopción irregular, esclavitud o sus prácticas análogas, la servidumbre o la extracción de órganos, aún con el consentimiento de la persona víctima, y será condenado a las penas de 15 a 20 años de reclusión y multa de 175 salarios mínimos”.
El artículo 6 determina que los que participen como cómplices en la comisión del crimen de tráfico ilícito de migrantes “serán objeto de igual pena a la que se le imponga a quienes resultaren autor o autores del hecho”.
Como se puede apreciar, es fácil parar el trasiego de indocumentados. Es cuestión de aplicar esta legislación con severidad y para eso se requiere de la vocación política de la clase gobernante, del empresariado y del indiferente liderazgo de la oposición. Es un delito que por décadas ha enriquecido a muchas personas, civiles y militares, y se ha convertido en una pandemia.
La población debe despertar y estar alerta, pues el país se está llenando de migrantes indocumentados. Y, como como dice el Instituto Duartiano, esa eventualidad está poniendo en riesgo nuestra seguridad y la soberanía.
