Desarticulan red de narcotráfico y armas en EE. UU. dirigida desde RD
CONNECTICUT, EE. UU. – En una operación coordinada de alto impacto, la Administración de Control de Drogas (DEA), el FBI y el Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional de New Haven (HSTF) han desmantelado una peligrosa organización criminal. La red, que operaba en los estados de Connecticut, Nueva York y Nueva Jersey, estaba presuntamente liderada por un ciudadano dominicano desde la República Dominicana.
El fiscal federal David X. Sullivan confirmó el arresto de seis individuos: Manolin Vargas D’Olón (alias “Robelin”), Giovanni Benoit, Álvaro Pérez, Anderson Amador Nova, Ángel Vásquez (alias “Bebo”) y Andy Martínez. Según la acusación formal de 15 cargos emitida por un gran jurado, el grupo distribuía narcóticos y armas de fuego a través de múltiples redes de redistribución en ciudades estratégicas del noreste de Estados Unidos.
Durante la fase de investigación, las autoridades llevaron a cabo más de 30 compras controladas. Estas acciones resultaron en la incautación de más de un kilogramo de fentanilo, 200 gramos de metanfetamina y al menos 17 armas de fuego. Un hallazgo alarmante de los análisis de laboratorio reveló que el fentanilo estaba mezclado con bromazolam, una potente benzodiazepina sintética vinculada a un aumento crítico de sobredosis fatales en la región.
La peligrosidad de la organización trascendía el tráfico de sustancias. Las autoridades alegan que el cabecilla dominicano afirmó tener la capacidad operativa para ordenar actos de violencia directa contra personas en territorio estadounidense. Esta amenaza, sumada a la logística transnacional, convirtió la desarticulación de esta célula en una prioridad para el Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional.
En cuanto a las repercusiones legales, los acusados enfrentan sentencias severas. Vargas D’Olón, señalado como una figura clave, podría ser condenado a cadena perpetua. El resto de los implicados enfrentan penas que oscilan entre los 5 y 40 años de prisión, dependiendo de su grado de participación en la conspiración de narcóticos y los delitos adicionales relacionados con la transferencia ilegal de armas de fuego.
Un aspecto crítico del caso involucra cargos adicionales por pornografía infantil contra Vargas D’Olón. Tras un arresto previo en mayo de 2025, el análisis forense de su teléfono celular reveló videos e imágenes de explotación infantil almacenados en la aplicación Telegram. Por estos hechos, el imputado enfrenta una acusación separada que conlleva una pena máxima de 20 años de cárcel.
Actualmente, cuatro de los detenidos permanecen en custodia federal sin fianza, mientras que dos han sido enviados a arresto domiciliario. El fiscal Sullivan recordó que, aunque los cargos son graves, todos los acusados mantienen su presunción de inocencia hasta que se demuestre lo contrario en un juicio. Este caso refuerza la iniciativa federal para combatir organizaciones criminales transnacionales que vulneran la seguridad pública y la integridad de los menores.
