La Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP), informa al país sobre las graves irregularidades detectadas en el proceso de licitación para la «contratación del servicio de modernización, ampliación, supervisión y gestión del Sistema Integral del Centro de Control de Tráfico y la Red Semafórica del Gran Santo Domingo».
Tras una exhaustiva investigación, se han encontrado indicios de falsificación de documentos, composición accionaria difusa y movimientos sospechosos de accionistas relacionados con la empresa Transcore Latam, SRL.
La (DGCP), en el ejercicio de sus competencias como órgano rector de las contrataciones públicas, ha concluido el proceso de investigación y ha tomado medidas contundentes. Se ha declarado la nulidad de pleno derecho del contrato, evidenciando violaciones graves al debido proceso en los informes relacionados con la evaluación y adjudicación de la empresa.
Además, se han remitido las resoluciones y hallazgos al Ministerio Público y a la Procuraduría Especializada de la Persecución de la Corrupción para una investigación más profunda. La empresa Transcore Latam, SRL, enfrentará un proceso administrativo sancionador, y se ha solicitado al Ministerio Público que inicie una investigación sobre posibles falsificaciones de documentos y otras irregularidades.
Destacan la importancia de estas acciones en la lucha contra la corrupción y reitera su compromiso de colaborar plenamente con las autoridades correspondientes. Se ha identificado un entramado societario complejo y prácticas preocupantes, como la creación de empresas con nombres similares, que podrían tener implicaciones legales y penales.
La transparencia y el apego al debido proceso son fundamentales en las contrataciones públicas, y la Dirección General seguirá trabajando para garantizar la integridad en estos procesos. Se aplicarán sanciones disciplinarias a los funcionarios responsables de las violaciones al debido proceso, y se continuarán las investigaciones para emitir las resoluciones correspondientes.
La Dirección General de Contrataciones Públicas reafirma su compromiso con la legalidad y la transparencia en la administración pública, y se mantendrá vigilante en la defensa de los principios que rigen la contratación pública en beneficio de la ciudadanía.