La Habana,-El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, confirmó este lunes que no existen conversaciones políticas con el Gobierno de Estados Unidos, salvo contactos técnicos limitados al ámbito migratorio.
A través de un pronunciamiento en redes sociales, el mandatario cubano subrayó que las relaciones bilaterales entre ambos países deben sustentarse en el Derecho Internacional, y no en la hostilidad, las amenazas ni la coerción económica.
Díaz-Canel reiteró que el Gobierno cubano siempre ha estado dispuesto a mantener un diálogo serio y responsable con las distintas administraciones estadounidenses, incluida la actual, siempre que se base en principios como la igualdad soberana, el respeto mutuo, el beneficio recíproco y el apego al Derecho Internacional.
El jefe de Estado también rechazó cualquier tipo de injerencia en los asuntos internos de Cuba y defendió el respeto a la independencia y soberanía nacional. En ese contexto, se refirió a los migrantes cubanos residentes en Estados Unidos, asegurando que el endurecimiento del bloqueo no guarda relación con ellos.
Por el contrario, Díaz-Canel calificó a los migrantes como víctimas de los cambios en las políticas migratorias de la Casa Blanca y de lo que denominó la “traición de los políticos de Miami”.
Presiones crecientes contra Cuba
Las declaraciones del mandatario se producen en medio de un aumento de las tensiones entre Washington y La Habana, luego de la agresión militar de Estados Unidos contra Venezuela, que culminó con la captura del presidente Nicolás Maduro.
En ese contexto, el presidente Donald Trump ha intensificado su retórica contra Cuba, llegando a afirmar que “entrar y destrozar” la isla podría ser la única opción para forzar un cambio político. Por su parte, el secretario de Estado, Marco Rubio, acusó a las autoridades cubanas de priorizar el control político sobre el funcionamiento económico del país.
Estas amenazas se suman al bloqueo económico y comercial impuesto por EE.UU. a Cuba desde hace más de seis décadas, el cual ha sido reforzado con nuevas medidas coercitivas unilaterales. Actualmente, la mayoría de los países del mundo y la Asamblea General de la ONU condenan de forma reiterada estas políticas.