En NY abren cortes inmigración, se prohíbe usar fundas plásticas y un aumento 10% en restaurantes

Por Ramón Mercedes

Nueva York.- Luego de permanecer cerradas por espacio de siete meses debido al mortal virus COVID-19, las cortes de inmigración ya están abriendo sus puertas nuevamente en todo el territorio estadounidense.

En la Gran Manzana se espera que comiencen atender casos pendientes para finales del presente mes. Para saber si una persona tiene un caso pendiente, los interesados pueden llamar al 1-800-898-7180. Y para enviar preguntas de inmigración, pueden hacerlo a través de la línea de WhatsApp al: 917-420-2042.

Mientras, la ley que prohíbe el uso de fundas plásticas en los comercios de todo el estado NY, entra en vigor este lunes.

“La decisión de la Suprema Corte, es una victoria y una reivindicación de los esfuerzos del estado, para poner fin al flagelo de las bolsas de plástico de un sólo uso, y una reprimenda directa a los fabricantes que intentaron detener la ley y las regulaciones”, dijo el comisionado estatal del Departamento de Conservación Ambiental (DEC).

Anualmente en el estado de NY, se utilizaban más de 23 mil millones de bolsas plásticas, según el DEC y muchas veces terminan en ríos, árboles y calles de la ciudad, sostiene.

Las ciudades y los condados pueden adoptar tarifas de 5 centavos de dólar para las bolsas de papel, pero los negocios no están obligados a ofrecerlas. La misma no se aplicará a los clientes de cupones SNAP y WIC.

A esto se suma, la entrada en vigencia a partir de este domingo en NYC, del cobro adicional de un 10% a la factura del cliente por consumo en los restaurantes, destinado para «costos de recuperación del COVID-19».

El sobrecargo no será impuesto a quienes decidan ordenar la comida para llevar ni a delivery. Los carritos de mano, stands, vehículos o grandes cadenas no están incluidos para aplicar el aumento.

De acuerdo con la legislación, sólo los pequeños restaurantes pueden aplicar el recargo el cual es opcional, y debe estar claramente indicado en la factura del comensal.

Un grupo de derechos laborales se opuso al proyecto de ley, diciendo que el recargo propuesto sin garantías de un salario mínimo para ellos podría perjudicar a los trabajadores y las propinas serían menos.