• 26 abril, 2024

Ex asambleísta dominicana será sentenciada este viernes 3 de octubre en Corte Federal de NY

Gabriela RosaMiguel Cruz Tejada

NUEVA YORK,- La ex asambleísta estatal dominicana por el distrito demócrata 72 en el Alto Manhattan, Gabriela Rosa, será sentenciada este viernes 3 de octubre en la Corte Federal del Distrito Sur en Manhattan, por la jueza Denise Cote.

La ex legisladora, se declaró culpable de fraude matrimonial a inmigración, un caso de hace 20 años, cuando pagó $4.000 dólares a un hombre para resolver su estatus legal, aplicando para la residencia permanente y también de mentir en una declaración de bancarrota, en la que obvió que tiene un apartamento en un edificio cooperativo que ella y su esposo, estaban pagando.

Luego de su arresto, el 27 de junio de este año, Rosa, renunció a la curul en base a un supuesto acuerdo con la fiscalía federal para declararse culpable de ambos cargos.

Activistas dominicanos han estado colectando firmas en las que piden clemencia a la magistrada Cote, que deberá decidir la suerte de Gabriela mañana viernes. Se espera que la sala de la Corte Federal en la que la ex asambleísta será sentenciada, sea repleta de representantes de la comunidad que acudirán al evento judicial.

Los abogados de Rosa, buscan que la jueza la condene a no más de 18 meses en libertad condicional, pero no está claro todavía que ocurrirá con su estatus migratorio. Los fiscales dijeron que la ex legisladora, también hizo la ciudadanía con la misma residencia fraudulenta.

Se dijo que la magistrada Cote, aprobó el pacto entre Rosa y la fiscalía y por ello, la dejó libre bajo fianza, hasta el día de la lectura de la condena.

Rosa, de 47 años de edad y quien llegó a Estados Unidos en 1994, casándose en 1996 para conseguir los papeles legales, se divorció tres años más tarde, en 1999, para luego casarse con el señor Víctor Estrella, padre de su hijo de 14 años de edad.

Aunque la ley establece entre un año y año medio por el fraude a inmigración y 10 años en la cárcel por el caso de la bancarrota, más otra pena por aceptar dinero a su campaña de un funcionario de un gobierno extranjero, que no ha sido identificado, pero ella, podría salir en libertad bajo palabra, con un brazalete electrónico y múltiples restricciones, de confirmarse la versión del acuerdo con la fiscalía.

Se desconoce hasta ahora, cuál sería su futuro migratorio, si aplicaría por un perdón, por lo que debería esperar 10 años o si la someterían a un proceso de deportación.

La ex asambleísta, que renunció de la curul, horas después de haberse declarado culpable, aceptó la responsabilidad en todos los cargos y aclaró que los delito que cometió, no fueron durante su ejercicio como asambleísta, desde donde sirvió con trabajo, dignidad y esfuerzo, sin defraudar ni engañar a sus constituyentes.

En el comunicado en el que anunció su renuncia, Rosa, sostiene que «no acepté ningún soborno y no hice ninguna de las cosas que por lo general, están acostumbrados a ver en personas que se meten en este tipo de situaciones».

Hablando frente al edificio de la Corte Federal del Distrito Sur en el 500 de la calle Pearl en Manhattan y acompañada por su abogado Matthew Mayers, la ex asambleísta explicó que también mintió en el 2009 en una declaración para solicitar bancarrota de parte del gobierno federal por un monto de más de $30.000 dólares, pero negó que fuera propietaria de un apartamento en un edificio cooperativo en el Alto Manhattan.

Rosa, se naturalizó ciudadana estadounidense en el 2005, postulándose a la Asamblea Estatal en el 2010, cuando fue electa, siendo la primera mujer dominicana en llegar a ese escaño.

El abogado de Rosa, aclaró que los delitos cometidos por su representada, no tienen nada que ver con sus funciones de asambleísta.

Ella dijo que no sólo renunciaba por las acusaciones, sino también por problemas de salud, que no especificó.

«Nunca falté a mis deberes, como funcionaria electa», dijo la ex asambleísta.

CONMOCION Y EXPECTATIVAS

Su caso, sigue conmocionando a la diáspora dominicana en Nueva York, y explotó, cuando todavía la diáspora no se reponía de la condena de 5 años al ex concejal Miguel Martínez, quien en el 2009, se declaró culpable de corrupción y manejo doloso de fondos en una organización llamada UCAM, que él creó para ayudar a pequeños y medianos comerciantes en el Alto Manhattan.

Martínez, salió en libertad a mediados de este año.

Otro reciente escándalo que envuelve a legisladores dominicanos, es el del ex representante estatal en Rhode Island, quien fue condenado hace algunas semanas a 3 años en la cárcel y 17 en libertad condicional por el robo de más de $28.000 dólares a su amigo y compatriota Fernando Nico, quien le confió depositar un cheque por ser indocumentado.

En el caso de Rosa, las acusaciones no están relacionadas con su ejercicio legislativo, pero Medina, también enfrenta otros dos cargos por estafar a docenas de inmigrantes y ejercer la abogacía sin licencia en el estado de Rhode Island, mientras se desempeñaba como legislador y era propietario de una agencia de servicios múltiples.

Antes de los casos de Rosa y Medina, el ex asambleísta dominicano Nelson Castro de El Bronx, fue el centro de uno de los más sonados casos de corrupción, cuando negoció con la fiscalía de El Bronx, para engancharse un micrófono y una cámara, con los que grabó a colegas legisladores y dirigentes políticos demócratas para delatarlos, y varios de los cuales fueron arrestados, despojados de sus escaños y acusados formalmente en las cortes por aceptar supuestos sobornos.

Castro, está a la espera de que se defina en la justicia, un cargo que pesa sobre él por fraude electoral y delitos conexos, durante su campaña a la Asamblea Estatal.

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