Santiago de los Caballeros, – Familiares y allegados de José Vladimir Valerio Estévez, peluquero de 25 años, denunciaron irregularidades en el operativo de la Policía Nacional donde este resultó muerto junto a otros cuatro hombres durante un supuesto intercambio de disparos en la Plaza Valerio, sector La Barranquita.
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Según explicaron, agentes de la institución del orden habrían desconectado y retirado las cámaras de seguridad del edificio donde se produjo la balacera, acción que generó cuestionamientos sobre la transparencia del procedimiento.
“La Policía Nacional tiene que aclarar a la opinión pública por qué desconectaron las cámaras y se las llevaron”, declaró Rafael Valerio, abogado y propietario del inmueble.
Familiares niegan vínculos con el crimen organizado
Los parientes rechazaron la versión oficial que señala a José Vladimir como miembro de una organización criminal dedicada al sicariato, tráfico de armas, secuestros y cobros compulsivos vinculados al narcotráfico.
Aseguran que era un barbero trabajador, amante de la música y sin historial delictivo, y que en el momento del operativo solo abría su barbería.
Su esposa cuestionó la versión policial:
“A él le pusieron un arma. ¿Por qué no le pusieron una tijera o una máquina de pelar, si lo único que hacía era trabajar?”, expresó indignada.
Los familiares también denunciaron que tras la balacera, los agentes supuestamente saquearon la barbería, llevándose dinero, máquinas de trabajo y un vehículo estacionado, sin la presencia de un fiscal.
El operativo en La Barranquita
En el enfrentamiento, además de Valerio Estévez, murieron Edward Bernardo Peña Rodríguez, Carlos Enrique Guzmán, Charlie Clase, Elvis Antonio Martínez Rodríguez y Julio Alberto Gómez.
Permanece prófugo Ronny Abel Sánchez Morillo (Mudita), señalado por las autoridades como supuesto cabecilla del grupo.
La Policía Nacional informó que los fallecidos se desplazaban en dos vehículos y abrieron fuego al notar la presencia de los agentes, quienes repelieron la agresión. En el lugar fueron incautadas cinco armas de fuego (incluyendo un fusil AR-15, una Uzi, un revólver y dos pistolas), además de dos vehículos.
Los cuerpos permanecen en el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) para fines de autopsia. Mientras tanto, familiares, vecinos y comunitarios demandan transparencia y claridad en la investigación.
