Florida enfrenta millonarias pérdidas por el cierre del centro de detención de inmigrantes “Alligator Alcatraz
Florida podría perder hasta US$ 218 millones tras la decisión judicial de reducir indefinidamente las operaciones del polémico centro de detención de inmigrantes “Alligator Alcatraz”, construido en un antiguo aeropuerto de entrenamiento en los Everglades.
El centro, oficialmente ubicado en Ochopee, fue desarrollado en tiempo récord por la División de Manejo de Emergencias de Florida, que transformó el sitio en una instalación de jaulas metálicas y carpas blancas. Sin embargo, una jueza federal confirmó que las operaciones deben ser pausadas por no cumplir con los requisitos de revisión ambiental establecidos por la ley federal, tras demandas de grupos ambientalistas y la tribu Miccosukee.
Actualmente, se estima que cerrar temporalmente el centro costaría entre US$ 15 y 20 millones, mientras que reinstalar la infraestructura costaría una cantidad similar, según documentos judiciales.
Problemas legales y condiciones cuestionadas
“Alligator Alcatraz” ha sido blanco de críticas por sus condiciones insalubres, denuncias de falta de acceso legal para los detenidos y problemas estructurales, como baños que no funcionan y suelos inundados con desechos, aunque las autoridades niegan estas acusaciones.
Además, enfrenta varios procesos legales por presuntas violaciones a derechos civiles y a la ley ambiental. La jueza Kathleen Williams falló que la construcción y operación del centro en los sensibles humedales de los Everglades viola normas federales de protección ambiental.
Vaciamiento del centro y postura federal
Desde la orden de restricción temporal emitida por la jueza, el número de detenidos ha disminuido significativamente. Correos internos revelan que el estado se preparaba para quedar con “cero personas” en pocos días. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS), por su parte, confirmó que está trasladando a los detenidos a otras instalaciones y aclaró que no ha financiado la construcción ni operación del sitio, aunque Florida busca fondos federales.
Contratos y gasto millonario
Según una investigación de Associated Press, Florida ha firmado más de US$ 405 millones en contratos para construir y operar el centro, el cual se estimó inicialmente que costaría US$ 450 millones anuales. Solo en baños portátiles se habrían destinado US$ 50 millones.
Reacciones políticas y un segundo centro en camino
Más de 20 estados liderados por gobiernos republicanos han respaldado al estado de Florida y apelan el fallo de la jueza, argumentando que las leyes ambientales federales no se aplican a estados. A pesar del revés legal, la administración del gobernador Ron DeSantis ya planea abrir un nuevo centro de detención llamado “Deportation Depot” en el norte de Florida.
