“Texas apoya enérgicamente la inmigración legal que ha sido parte de nuestro estado desde nuestro mismo comienzo. Pero la inmigración legal es diferente de dar refugio a personas que han cometido peligrosos crímenes”, dijo el gobernador.
Agregó que las agencias encargadas de hacer cumplir la ley “no tienen derecho a elegir qué ley obedecer o no”.
La legislatura de Texas, dominada por los republicanos, aprobó la ley la semana pasada en contra de las objeciones de los demócratas, grupos de derechos civiles y una organización de jefes de policías que representan las ciudades más grandes del estado. La ley entrará en efecto el 1 de septiembre.
La medida permitirá que la policía pregunte a la gente sobre su estatus migratorio si han sido legalmente detenidos. También obliga a los jefes de policía y sheriffs en Texas cumplir con los pedidos de detención hechos por el Servicio de Inmigración de Estados Unidos. Los oficiales que no cumplan podrían enfrentar cargos delictivos o ser despedidos. Los departamentos enfrentan multas de hasta 25.000 dólares por día.
Oponentes a la ley dicen que pone a la población hispana del estado en riesgo de perfil racial, y que hay un creciente riesgo de que víctimas no reporten crímenes por temor a que ellos o sus familiares pudieran estar sujetos a interrogatorios sobre su estatus migratorio.
David Pughes, jefe de Policía interino de Dallas, y Art Acevedo, jefe de Policía de Houston, escribieron un editorial conjunto en el Dallas Morning News donde dicen que la medida pone más funciones en los limitados recursos policiales y equivale a “alcahuetería política” en lugar de una efectiva reforma de inmigración.
El presidente Donald firmó una orden ejecutiva el mes pasado amenazando con cortar fondos federales a los gobiernos locales que rehúsen cooperar con las autoridades de inmigración para detener a inmigrantes indocumentados arrestados en casos criminales. Sin embargo, un juez federal bloqueó la orden. Mientras tanto continúan los desafíos legales contra la medida.