Washington, Estados Unidos — El Gobierno del presidente Donald Trump implementó desde este miércoles una suspensión indefinida en el procesamiento de visas de inmigrante para ciudadanos de 75 países, como parte de su ofensiva migratoria, una medida que deja en incertidumbre a miles de solicitantes por reunificación familiar y empleo en Estados Unidos.
La pausa afecta las visas de inmigrante, incluidas las basadas en ofertas de empleo y peticiones familiares, aunque no impacta las visas de no inmigrante, como las temporales de trabajo o turismo, según confirmó el Departamento de Estado.
En una nota oficial, la institución explicó que durante esta suspensión se realizará “una revisión exhaustiva de políticas, regulaciones y directrices” con el objetivo de evitar que inmigrantes procedentes de los países incluidos “se conviertan en una carga pública o dependan de programas de asistencia social”.
Críticas de expertos: “no tiene sentido legal”
Abogados de inmigración consultados por CNN cuestionaron el fundamento legal de la medida. El jurista Carlos Colombo sostuvo que el argumento de “carga pública” ya está claramente definido en la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA) y se evalúa de forma individual, no colectiva.
“Siempre que una persona solicita una visa de inmigrante, el oficial consular realiza ese análisis. Ya existe la ley y el procedimiento. Suspender visas por nacionalidad no tiene sentido”, afirmó Colombo.
La INA establece que la inadmisibilidad por carga pública debe evaluarse considerando factores personales como edad, salud, ingresos, situación familiar, educación y habilidades, sin incluir la nacionalidad como criterio.
En la misma línea, el abogado Héctor Quiroga, del despacho Quiroga Law Office PLLC, indicó que esta regla existe desde hace más de un siglo y que históricamente cualquier endurecimiento ha requerido procesos regulatorios formales, algo que —según dijo— no ocurrió en esta ocasión.
Falta de claridad y posibles impactos económicos
El Departamento de Estado no detalló por qué seleccionó específicamente a los 75 países incluidos en la suspensión, limitándose a calificarlos como “países de alto riesgo”. Ante consultas de CNN, un portavoz señaló que existen “indicios” de que inmigrantes de esos países tienen mayor probabilidad de recibir beneficios públicos.
Para Colombo, la falta de un plazo definido podría generar impactos sociales y económicos, especialmente en sectores de alta especialización como la salud.
“Muchos profesionales médicos que tratan cáncer o atienden niños enfermos no podrán ingresar al país ni continuar su trabajo, pese a ser de interés nacional”, advirtió.
Quiroga aclaró que, al no afectar visas temporales, el impacto económico podría mitigarse, ya que se mantiene la inmigración laboral de corto plazo que sostiene varias industrias.
Familias separadas y posibles demandas legales
Aunque los solicitantes de los países incluidos pueden continuar con sus trámites y entrevistas consulares, no se emitirán visas de inmigrante durante la pausa, salvo para personas con doble nacionalidad cuya otra ciudadanía no esté en la lista.
Expertos anticipan impugnaciones legales inmediatas, alegando discriminación por país de origen, violaciones a la Ley de Procedimiento Administrativo y extralimitación de autoridad.
“La ley exige evaluaciones caso por caso, no bloqueos globales por nacionalidad”, sostuvo Quiroga.
Colombo calificó la medida como un “ataque a la inmigración legal basada en nacionalidad” y consideró que las demandas en cortes federales serán inevitables.