Imponen coerción a acusados de tráfico de migrantes tras accidente mortal
Santiago, RD.– A solicitud del Ministerio Público, el Juzgado de Atención Permanente de Santiago impuso medidas de coerción contra dos hombres acusados de tráfico ilícito de migrantes, tras un accidente ocurrido en marzo que dejó como saldo una persona fallecida y varios heridos con quemaduras graves.
Los imputados Pedro Luciano Cruz Martínez e Ygnacio Leocadio Espinal Martínez, oriundos de Dajabón, enfrentan cargos por transportar de forma ilegal a 15 ciudadanos haitianos en una yipeta Ford Explorer, la cual se estrelló contra una pared mientras intentaban huir de una patrulla del Ejército en la calle Principal del sector Capilla, en Villa Bisonó (Navarrete).
Durante el impacto, una manguera del sistema de gas licuado de petróleo (GLP) se desprendió, provocando un incendio que dejó a siete migrantes con quemaduras de primer, segundo y tercer grado. Los imputados huyeron del lugar abandonando a las víctimas, quienes fueron auxiliadas por unidades del Sistema de Emergencias 9-1-1.
Una de las víctimas, Judithe Nicolas, de 31 años, falleció en abril debido a la gravedad de las quemaduras que afectaron órganos vitales. Los migrantes que no resultaron heridos fueron puestos a disposición de la Dirección General de Migración (DGM) para su repatriación.
El fiscal investigador Juan Osvaldo García, director del Departamento de Trata y Tráfico de Personas de la Fiscalía de Santiago, rastreó la ruta y procedencia del vehículo, logrando identificar a los responsables a través de registros y traspasos. En audiencia, el fiscal litigante Elvin Ventura presentó evidencias que vinculan a los acusados con otras actividades delictivas similares en su provincia de origen.
La jueza Yiberty Polanco impuso como medidas de coerción el pago de una garantía económica de 500 mil pesos a través de una aseguradora, impedimento de salida del país y presentación periódica ante las autoridades judiciales.
La Fiscalía de Santiago reafirmó su compromiso con la persecución del tráfico ilegal de personas, al considerarlo un delito que vulnera derechos humanos fundamentales y pone en riesgo la seguridad y soberanía nacional.
El Ministerio Público formuló cargos provisionales en base a la Ley 137-03 sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas, citando las violaciones a los artículos 1, letras F, G y H; así como los artículos 2 y 7, párrafos A, C, D y G.
