De acuerdo con la denuncia recibida el 11 de julio de 2025, el referido procedimiento realizado por un monto de RD$1,078,775.51 no fue publicado en el Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas (SECP), lo que viola los principios de legalidad, transparencia y publicidad. También se señala un incumplimiento de los plazos establecidos y otras disposiciones contenidas en la normativa vigente.
Ante estos señalamientos, el órgano rector indicó que inició la fase de instrucción, con el propósito de recabar información, garantizar el debido proceso y adoptar una decisión bien fundamentada, conforme a lo establecido en el artículo 26 de la Ley Núm. 107-13, sobre los Derechos de las Personas en sus Relaciones con la Administración y de Procedimiento Administrativo.
Agotada esta fase, se procederá al análisis, ponderación y decisión del caso, examinando el principio de juridicidad, el cumplimiento de la Ley 340-06 de Contrataciones Públicas, así como del Reglamento de Aplicación 416-23 y de las políticas y directrices emitidas por la DGCP, a fin de determinar la existencia o no de causales de nulidad absoluta o anulabilidad en el marco del régimen de contrataciones públicas.
La institución reiteró su compromiso de garantizar la transparencia y el cumplimiento del marco legal, velando por el uso correcto de los fondos públicos.