Juez que no encarceló dominicanas por robo de tarjetas justifica decisión por hijos de acusada

Miguel Cruz Tejada

NUEVA YORK,- El juez de la Corte Superior de Salem en New Hampshire, Timothy Feeley, quien no quiso encarcelar a las dominicanas Ilka Acosta y Carolin Leonardo, convictas por robos de tarjetas de crédito y débito, con las que hicieron compras por más de $160.000 dólares, en tiendas de la zona, justificó su decisión en que la segunda tiene cuatro hijos, que se quedarían en manos del estado si él la enviaba a la cárcel.

“Podría echar para atrás, pero no voy a retroceder”, respondió el magistrado ante una andanada de críticas de víctimas de los robos, la fiscalía y abogados.

Ellas usaron las tarjetas durante 10 meses para hacer las compras fraudulentas, que incluyeron artículos de lujo de las marcas más caras como Gucci, Rolex, Saks Fifth Avenue, Barney, Bloomingdale’s y Burberry.

«Me informaron que la señora Carolin Leonardo tiene cuatro hijos menores de los cuales es responsable», dijo el juez durante una audiencia de sentencia, donde también discutió con un fiscal que buscaba que él ordenara al menos una restitución del dinero, a lo que el magistrado también se negó.

Leonardo, de 35 años, residente en Central Falls (Rhode Island), fue acusada junto a Acosta, después que la policía de la ciudad de Peabody recibiera una llamada desde la joyería Long’s Jewelers, donde ella y su compañera, estaban intentando comprar un reloj Rolex.

La compra fue rechazada tienda de la cadena Burlington después de intentar comprar un Rolex allí, dijo el fiscal Phil Mallard, y días antes de eso, habían comprado uno en una tienda de Natick, con una tarjeta de crédito falsificada.

La fiscalía alega que las mujeres utilizaron entre 30 a 40 números de tarjetas de crédito robadas, impresas en tarjetas de crédito falsas, en tiendas de lujo como Saks, Fifth Avenue, Barney, Bloomingdale’s, Gucci y Burberry.

Compraron carísimos bolsos de mano, gafas de sol, cinturones y un set de maletas Louis Vuitton, entre otros artículos de lujo, dijo el fiscal.

Los investigadores creen que la mayoría de los artículos, que también incluían numerosos televisores de $4.000 dólares, equipos de sonido y tarjetas de regalos, fueron luego entregados a otra persona para venderlos.

El juez Feeley sugirió repetidamente que las dos mujeres eran simplemente «corredoras de bajo nivel», en el pie de la pirámide de un esquema sofisticado, al tiempo que reconocía que eran igualmente culpables como sus cómplices no identificados. «Fueron ellos los que realizaron el plan», dijo el magistrado.

Pero se negó a escuchar la solicitud de restitución del fiscal, quien reclamó que fuera pagada por Leonardo. En una moción presentada la semana pasada, la fiscalía argumentó que Leonardo había depositado $15.000 dólares en fianza para ella y Acosta, dinero que debería ser usado para la restitución a las víctimas.

Junto a su propuesta figuraban fotos de la página de Leonardo en Facebook, que muestran ropas de reconocidos diseñadores, un par de zapatos Christian Louboutin «Bianca» que actualmente se venden por $875 y un BMW X6.

El juez les dijo a los abogados que no iba a considerar la solicitud de restitución, alegando que podrían programar una audiencia para otro día.

Leonardo, que de nuevo llevaba los mismos holgazanes de Gucci y el bolso de cuero “Burberry” que llevaba a la corte la semana anterior para la audiencia de Acosta, se declaró culpable de seis cargos, incluyendo lavado de dinero, conspiración, fraude con tarjeta de crédito e intento de cometer un crimen.

Al igual que Acosta, de 49 años, que reside en New Milford, Connecticut, Leonardo recibió una sentencia de 2 1/2 años suspendida, pero el juez alargó el tiempo que Leonardo pasará en libertad condicional a tres años, uno más que Acosta.

El magistrado había propuesto las sentencias de ambas, durante una «conferencia de lobby» celebrada el 21 de febrero, donde el fiscal Mallard solicitó de tres a cuatro años en una prisión estatal y los abogados de las mujeres pidieron libertad condicional.

Normalmente, los jueces que llevan a cabo tales sesiones de negociación previa al juicio, permiten al acusado y al fiscal saber que podrían cambiar de opinión acerca de una sentencia propuesta después de escuchar a una víctima.

Y bajo la declaración de derechos de la víctima, los afectados sólo tienen derecho a dar una declaración de impacto durante una audiencia de sentencia, no típicamente durante negociaciones de declaración de culpabilidad o inocencia.

El juez no había oído de las víctimas, cuyos números de tarjetas de crédito fueron robados antes de hacer la oferta de las sentencia y culpó al fiscal.

Después de escuchar a un viudo que ha ido a la corte dos veces (la semana pasada se dirigió al colega de Feeley, el juez James Lang), sobre el estrés de lidiar con el fraude de tarjetas de crédito mientras el robo ha impactado fuerte a su esposa, el magistrado reconoció que pudo haber propuesto una sentencia diferente, sabiendo del impacto que tuvo en ese hombre y en otros cuatro que le enviaron cartas.

«Aunque sé que tengo el poder de retroceder de la disposición del lobby, nunca lo he hecho en mi mandato como juez y no voy a hacer eso hoy», dijo el juez para justificarse.

El magistrado señaló que le preocupaba que cualquier sentencia de cárcel a la señora Leonardo, obligara a sus hijos a entrar en el sistema de cuidado de crianza temporal del estado.

«Me dijeron que no hay nadie disponible para cuidar de ellos si ella no estuviera en la casa», alegó el juez.

“Si eso es cierto o no, lo acepto. No estaba dispuesto entonces, ni ahora, por el bien de un corto período de compromiso, poner a cuatro hijos menores en manos del estado de Rhode Island», dijo el magistrado Feeley.