Santiago.– La jueza Yaritza Cabral, del Juzgado de Atención Permanente de Santiago, impuso este martes medidas de coerción contra tres empleadas del Colegio Leonardo Da Vinci por la muerte de la estudiante Stephora Anne-Mircie Joseph, de 11 años, ocurrida el 14 de noviembre durante una excursión escolar en la hacienda Los Caballos, en Gurabo.
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Las imputadas Francisca Josefina Tavarez Vélez (orientadora), Vilma Altagracia Vargas Morel (coordinadora de nivel) e Yris del Carmen Reyes Adames (directora administrativa) deberán pagar una garantía económica de 500 mil pesos cada una, a través de una compañía aseguradora. Además, deberán presentarse ante el tribunal el último viernes de cada mes y tendrán impedimento de salida del país.
En tanto, Gisela Altagracia de las Mercedes González Estrella, coordinadora general del centro educativo, obtuvo libertad simple.
Ministerio Público anuncia que recurrirá la decisión
La magistrada Olga Dina Llaverías, titular de la Dirección Nacional de Niños, Niñas, Adolescentes y Familia (DINNAF), expresó que el Ministerio Público no comparte la decisión judicial y adelantó que procederán con los recursos correspondientes en cuanto sean notificados formalmente.
“Esta es apenas la primera fase del proceso. Una vez recibamos la notificación, procederemos con el recurso correspondiente”, declaró Llaverías.
La fiscal añadió que, aunque la solicitud de coerción se basó en las imputaciones iniciales, la investigación continúa abierta y podría involucrar a otros actores responsables de la organización de la excursión.
Abogados de la familia denuncian encubrimiento y una decisión “incompleta”
Los abogados de la familia de Stephora, Miguel Valdemar Díaz y Shesnel Alejandro Calcaño, calificaron la resolución como insuficiente y advirtieron que la estructura directiva del colegio “ha quedado fuera del proceso” sin justificación.
Díaz afirmó que la jueza reconoció que las personas presentadas no son las verdaderas responsables de autorizar ni dirigir la actividad con 87 niños y solo tres adultos, lo que evidencia una falla grave en los protocolos.
“Lo que vemos es una cadena de horrores y una negligencia reiterada. Esta institución debe ser intervenida por el Ministerio de Educación. Aquí hubo un patrón de encubrimiento desde el primer día”, expresó.