Maribel Gardea pasó años intentando conseguir un dispositivo de reconocimiento de miradas para su hijo de 14 años con parálisis cerebral en las escuelas públicas de San Antonio, Texas. Tras invocar la Ley de Educación para Individuos con Discapacidades (IDEA), finalmente obtuvo el dispositivo el año pasado.
Sin embargo, el reciente decreto firmado por Donald Trump para desmantelar el Departamento de Educación podría afectar a familias como la de Gardea, que dependen de la ley IDEA para garantizar los derechos educativos de los niños con discapacidades.
Aunque el cierre completo del departamento requiere una ley del Congreso, Trump ordenó traspasar responsabilidades a los estados, lo que generó preocupación entre padres y defensores. La reducción de personal en el Departamento y la eliminación de oficinas regionales ha dejado a muchas familias sin recursos y sin protección frente a la discriminación educativa.
El temor es que el cierre de la agencia aumente las desigualdades en la educación de los niños con discapacidades, ya que muchos padres no pueden costear abogados ni presentar demandas federales. Defensores como Keri Rodrigues y Katy Neas advirtieron que los recortes amenazan con negar recursos esenciales y garantizar la igualdad educativa.
Ante el posible cierre, padres como Gardea se comprometen a seguir luchando por los derechos de sus hijos. «La partida ha comenzado», afirmó Gardea.