A su juicio, resolvería el retraso de algunos ayuntamientos, especialmente los más pequeños que manejan pocos recursos, con las compañías distribuidoras de electricidad. “En el caso de los ayuntamientos grandes, es más lo que debemos pagarles por uso de espacio público que la energía que ellos consumen, pero hemos decidido no pagar a ningunos hasta crear un mecanismo de compensación”, señaló.
Sostuvo que, aunque las EDES pueden cortar la energía a los edificios de los ayuntamientos, incluyendo los parques y el alumbrado público, la decisión no sería prudente, porque se estarían creando zonas de de inseguridad para los ciudadanos.
Empresas no cortables
Otro problema que enfrenta la CDEEE, explicó Marranzini, es el caso de las empresas no cortables, por las cuales actualmente el Estado dominicano le adeuda a las empresas distribuidoras US$44.6 millones, equivalentes 1,640 millones de pesos.
Para regularizar este pago, explicó que se llegó a un acuerdo con la aprobación del presidente Leonel Fernández, para ser implementado en el 2011, mediante el cual el Ministerio de Hacienda pagará las facturas directamente a las compañías distribuidoras.
Las instituciones no cortables son los sectores salud y educación, las Fuerzas Armadas, La Policía Nacional, El Instituto Agrario Dominicano y las corporaciones del acueducto y alcantarillado del país.
