Santiago de los Caballeros.– El Ministerio Público solicitó la imposición de un año de prisión preventiva como medida de coerción contra diez personas arrestadas durante la Operación XL526, una intervención ejecutada el pasado martes contra una presunta organización criminal dedicada a extorsionar, chantajear y estafar a ciudadanos residentes en Estados Unidos.
La solicitud fue presentada por la Dirección General de Persecución del Ministerio Público y la Fiscalía de Santiago, que además pidieron que el caso sea declarado de tramitación compleja debido a la magnitud de la investigación, la cantidad de imputados y víctimas involucradas, así como por los presuntos delitos de lavado de activos y crimen organizado.
Entre los principales imputados figuran Carlos José Parra Lantigua, Eliardo Peña Almonte, Renso Darío González Almonte, Josiel Pichardo Cabrera y Walinton Ariel Sosa Almonte, señalados por las autoridades como cabecillas de la estructura criminal.
Asimismo, el Ministerio Público solicitó prisión preventiva para Moisés David Pichardo Aracena, Pedro Antonio Pichardo, Yusmery Altagracia Cabrera, Danny Rafael Lantigua y Julio Antonio Peralta del Rosario, identificados como miembros de la organización.
La solicitud de medida de coerción fue depositada ante la jurisdicción de Atención Permanente del Juzgado de la Instrucción de Santiago por el procurador adjunto Wilson Camacho, director general de Persecución del Ministerio Público, junto a las fiscales Quirsa Abreu Peña, Joanna García Rivas y Lía Collado.
Operación XL526
La Operación XL526 fue ejecutada por un equipo integrado por 35 fiscales que realizaron 28 allanamientos simultáneos en las provincias de Santiago y Puerto Plata, con el apoyo de organismos nacionales e internacionales de investigación.
Las acciones contaron con la colaboración de la Dirección de Área de Investigación de Crimen Organizado, el Departamento Especial de Investigación de Delitos Trasnacionales (DEIDET), la Dirección Central de Prevención de la Policía Nacional, HSI Santo Domingo y la Fuerza de Tarea contra el Crimen Organizado (FTCO).
Según la investigación, la red operaba desde el municipio de Jacagua, en Santiago, y estaba integrada por personas con dominio del idioma inglés que utilizaban herramientas tecnológicas para captar víctimas en territorio estadounidense.
Así operaba la organización
De acuerdo con el expediente, los imputados contactaban a sus víctimas mediante anuncios publicitarios y posteriormente las sometían a extorsión y chantaje utilizando guiones previamente elaborados por los líderes de la estructura.
Las autoridades sostienen que los integrantes de la red se hacían pasar por supuestos miembros de organizaciones criminales, entre ellas el denominado “Cartel de Sinaloa”, para intimidar a las víctimas y exigirles grandes sumas de dinero. Como parte de las amenazas, enviaban imágenes violentas con el objetivo de generar miedo y obtener pagos ilícitos.
El Ministerio Público ha identificado hasta el momento al menos 18 víctimas vinculadas a las operaciones de la organización.
Investigación por lavado de activos
Las pesquisas indican que los fondos obtenidos mediante las estafas eran movilizados a través de diversos mecanismos financieros, incluyendo criptomonedas como Bitcoin, transferencias electrónicas, transferencias espejo, remesadoras y plataformas digitales de pago.
El órgano acusador sostiene que existen evidencias testimoniales, documentales y periciales que vinculan a los imputados con delitos de alta tecnología, asociación de malhechores, estafa, extorsión, chantaje, obtención ilícita de fondos, enriquecimiento ilícito, lavado de activos, distribución de sustancias controladas y uso ilegal de armas de fuego.
El Ministerio Público informó que continúa ampliando las investigaciones para identificar a otros posibles involucrados y determinar el alcance total de las operaciones de la organización criminal.