El reporte de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos instó al ejecutivo Ortega a detener de inmediato la persecución a los manifestantes y a desarmar a los civiles enmascarados que fueron responsables de muchos de los asesinatos y detenciones arbitrarias.
Desde mediados de abril, más de 300 personas murieron a consecuencia de la violencia en la nación centroamericana.
El informe describió detenciones ilegales, torturas y la celebración de juicios a puerta cerrada. Médicos, profesores y jueces que se mostraron críticos o protestaron fueron cesados de su trabajo para disuadir a la población de participar o respaldar las protestas.
“El nivel de persecución es tal que muchos de los que han participado en las protestas, defendido los derechos de los manifestantes, o simplemente expresado una opinión disidente, se han visto forzados a esconderse, han abandonado Nicaragua o están tratando de hacerlo”, apuntó el informe.
A mediados de abril, jubilados y estudiantes salieron a la calle para protestar contra los recortes en la Seguridad Social decretados por Ortega. Enfrente se toparon con la violencia de los jóvenes partidarios del gobierno y de la policía antimotines. El dirigente retiró los cambios, pero los manifestantes exigieron entonces su renuncia.
Estudiantes universitarios de todo el país lideraron las protestas y tomaron el control de varios campus. En julio, el gobierno movilizó a fuerzas civiles fuertemente armadas que trabajaron con la policía para despejar las barricadas levantadas en autovías estratégicas y en algunos vecindarios.
Además, hubo un breve dialogo entre gobierno y opositores, pero Ortega acusó a los obispos que mediaron en el proceso de formar parte de una conspiración para un golpe de Estado y los contactos no se reanudaron. El presidente culpó a agentes internacionales y a enemigos internos de conspirar para derrocar a su ejecutivo. El mandatario dijo que no dejará el cargo antes del final de la legislatura en 2021.
Las protestas siguen, pero son más pequeñas ya que los líderes estudiantiles fueron detenidos o forzados a esconderse o exiliarse.