República Dominicana ocupa el primer lugar en impunidad, según Participación Ciudadana.
Participación Ciudadana ha expresado su preocupación y descontento ante la reciente sentencia de la Segunda Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia, que absuelve a los últimos dos imputados en uno de los casos de corrupción más grandes y vergonzosos en la historia del país: el caso Odebrecht. A pesar de las ligeras mejorías en la lucha contra la corrupción, la organización señala que el sistema de justicia ha fallado una vez más en reducir la impunidad.
El Ministerio Público, principal responsable, fue advertido en 2017 por Miriam Germán Brito sobre la falta de pruebas sólidas en el caso, pero no tomó medidas correctivas. Además, se negó a interrogar a los principales ejecutivos de Odebrecht en Brasil, lo que podría haber revelado los nombres de los sobornados, incluyendo a importantes funcionarios públicos.
Participación Ciudadana subraya que los sobornos existieron, tal como lo reconoció Odebrecht en un acuerdo con el Ministerio Público, comprometiéndose a devolver el doble de los 92 millones de dólares admitidos como soborno y a identificar a los beneficiarios de estos pagos ilícitos, una obligación que el Ministerio Público nunca exigió cumplir.
La organización critica el lenguaje utilizado en la sentencia de la Suprema Corte, que menciona la “inexistencia” del crimen de soborno, lo que consideran un agravio para la ciudadanía. Participación Ciudadana insta al Ministerio Público a realizar una evaluación interna y a ofrecer explicaciones a la sociedad, recordando que la impunidad compromete la credibilidad de todo el sistema de justicia.
Esta derrota en la lucha contra la corrupción, lejos de desalentar los esfuerzos, debe impulsar a redoblar las acciones, especialmente en los casos actuales de corrupción administrativa que se encuentran en los tribunales, como Anti-pulpo, Coral y Coral 5G, Medusa y Calamar, que presentan abundantes pruebas.
Un aspecto positivo de la sentencia del caso Odebrecht es el rechazo de la petición de extinción de la acción penal por el tiempo transcurrido, lo que asegura que los actuales casos de corrupción no se verán amenazados por esta figura legal.
Participación Ciudadana ha lanzado un observatorio de casos de corrupción administrativa y se compromete a informar periódicamente sobre su progreso.