Participación Ciudadana pide reglamento para implementar Ley Naturalización
Rosalía Sosa, directora ejecutiva de Participación Ciudadana
SANTIAGO.-La directora ejecutiva de Participación Ciudadana, doctora Rosalía Sosa, manifestó que debe desarrollarse un reglamento para implementar la Ley de Régimen Especial y Naturalización, promulgada por el presidente Danilo Medina, con la cual “las aguas vuelven a su cauce”.
Entrevistada por el periodista Federico Méndez, en el programa Esferas de Poder, que se transmite los domingos de 5:00 a 6:00 de la tarde, por Santo Domingo TV, expresó preocupación por el desarrollo de ese reglamento de la ley y los fondos para su aplicación.
“Nosotros estamos conscientes que no se van a resolver todos los problemas, pero sí a la mayoría de las personas se le va a dar una solución a su situación”, subrayó.
La jurista entiende que hay casos particulares que habrá que darle un tratamiento como tal.
“Las aguas vuelven a su cauce, aunque hay algunos sectores que han anunciado que van a interponer acciones de inconstitucionalidad, es normal, todos esperamos porque tiene que haber reacciones”, significó.
Expuso que la ley tiene tres momentos, que son la validación, la regularización y la naturalización.
“Nosotros impulsamos y auguramos que el procedimiento establecido en el reglamento sea razonable, sencillo y accesible, porque la gran mayoría de las personas afectadas son de escasos recursos económicos”, adujo.
Sosa sugiere que en la ley se consignen las partidas presupuestarias para su implementación, tras afirmar que uno de los grandes problemas que tiene el país es que las normas no están acompañadas de los recursos para su aplicación.
Pronosticó que con esta iniciativa se reducirá la presión internacional porque “es inaceptable que un Estado viole los derechos humanos de las personas en su territorio, sea nacional o extranjero”.
Calificó como positiva la iniciativa del presidente Danilo Medina, de presentar el proyecto de ley porque la situación de la República Dominicana, tanto nacional como internacional, está en una posición muy vulnerable y delicada.
Considera que se trata de una manifestación del Estado dominicano de enfrentar el problema, debido a que otros estadistas no lo habían querido resolver.
Consideró que hay un impacto positivo en la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional y es que visibilizó el problema. “Porque anteriormente habían sentencia de la Suprema Corte de Justicia, informes de derechos humanos, la Comisión Interamericana en el 99 dio un informe oficial de la situación y no había pasado nada”, adujo.
Sin embargo, enfatizó que la decisión de la alta corte marcó un punto de partida y una necesidad de enfrentar el problema.
La dirigente de la organización de la sociedad civil recordó que el primero de junio comienza el Plan Nacional de Regularización, que es un mandato del Tribunal Constitucional que no se había hecho.
“Tenemos situaciones interesantes, pero todas con miras a enfrentar el problema y buscar soluciones, que lo más positivo que puedo decirte”, proclamó.
