Movimiento cívico advierte sobre vínculos entre narcotráfico y figuras del PRM
Esta advertencia surge tras recientes informaciones que vinculan a altas figuras del empresariado dominicano con actividades de narcotráfico y lavado de activos, muchas de ellas relacionadas con el Partido Revolucionario Moderno (PRM), actualmente en el poder.
Preocupación por debilidad de los controles estatales
Las denuncias han generado profunda preocupación en la sociedad dominicana, especialmente sobre la eficacia de los mecanismos de control del Estado, incluidos los organismos de supervisión financiera y no financiera, responsables de aplicar la Ley No. 155-17 sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
Participación Ciudadana advirtió que la falta de controles efectivos permite que personas vinculadas al crimen organizado accedan a la actividad económica y política del país sin mayores obstáculos.
Urgen controles en afiliación política y financiamiento de campañas
La organización instó a que los partidos políticos y movimientos fortalezcan los procesos de afiliación y recepción de financiamiento privado, para evitar que recursos ilícitos afecten la integridad del sistema democrático y electoral.
Asimismo, reiteró su exigencia de que los partidos, agrupaciones políticas y candidatos individuales sean reconocidos como sujetos obligados no financieros, conforme a la Ley 155-17, lo que les obligaría a realizar debida diligencia sobre el origen de los fondos utilizados en las campañas electorales.
Esta medida dificultaría el uso de dinero proveniente del narcotráfico u otros delitos precedentes en la política dominicana.
PRM debe asumir responsabilidad ante vínculos de miembros con actividades ilícitas
Aunque el PRM ha emitido comunicados deslindándose de las acciones de sus miembros implicados, alegando la responsabilidad penal individual, Participación Ciudadana considera que el partido oficialista tiene una cuota de responsabilidad en permitir el ingreso de estas personas a sus filas y en el manejo de fondos presuntamente ilegales.
Entre los casos más relevantes vinculados al PRM se destacan:
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Miguel Gutiérrez, exdiputado condenado a 16 años de prisión en EE.UU.
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Rosa Amalia Pilarte, exdiputada condenada a cinco años por lavado de activos.
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Legisladores como Nelson Marmolejos Gil, Faustina Guerrero y Héctor Félix.
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Casos recientes como Fabio Augusto Jorge y Gaspar A. Polanco, solicitados en extradición por EE.UU.
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Funcionarios municipales como el regidor del Distrito Nacional Edickson Herrera.
Muchos casos eran conocidos públicamente en sus comunidades
Participación Ciudadana denunció que varios de estos casos eran ampliamente conocidos en sus comunidades como sospechosos o vinculados a actividades ilícitas, por lo que sus dirigentes políticos locales debieron haber actuado con mayor diligencia para impedir su ascenso en las estructuras partidarias.
Solicitud formal al Comité Nacional contra el Lavado de Activos
Finalmente, el movimiento exhortó al Comité Nacional contra el Lavado de Activos —integrado por el Presidente del Consejo Nacional de Drogas, la Procuradora General, el Ministro de Hacienda, la Superintendencia de Bancos y la DNCD— a ejercer el poder reglamentario que le otorga la ley y clasificar formalmente a los partidos políticos y candidatos como sujetos obligados no financieros.
Esta acción permitiría aplicar todos los mecanismos de control establecidos en la Ley 155-17, fortaleciendo la lucha contra el narcotráfico y el lavado de activos en la vida política y económica del país.