• 16 abril, 2024

Policía dominicano de narcóticos es demandado 28 veces por arrestos ilegales y violaciones civiles

De Miguel Cruz Tejada

policia-dominicano-de-narcoticos-es-demandado-28-veces-por-arrestos-ilegales-y-violaciones-civiles.jpgNUEVA YORK,- Pedro Valentín (Peter), un policía dominicano asignado a la Fuerza Especial Anti Narcóticos en el Norte de El Bronx, ha sido demandado 28 veces por arrestos ilegales, acusaciones falsas y violaciones a derechos civiles de las víctimas.

Las demandas contra Valentín de 36 años de edad y con base en el cuartel 41 de El Bronx, datan desde el 2006 hasta el 2013 y le han costado a la ciudad $884.004 dólares por pagos en compensación a las víctimas del agente.

El tabloide NY Daily News reveló ayer lunes que Valentín, es hasta ahora es el policía más demandado de Nueva York y cuyo sueldo base es de $87.278 dólares al año ($1.678 a la semana), sumándole a ese sueldo horas extras y otros beneficios adicionales.

Por horas extras de trabajo, Valentín cobró otros $38.617 dólares en el 2013, reportando 618 horas adicionales a su horario normal.

Otros 12 oficiales han sido demandados 17 o más veces, pero ninguno llega a 28 reclamaciones legales, siendo Valentín quien lidera esa categoría en el Departamento de Policía de Nueva York (NYPD).

Nueve de esos oficiales, tienen rangos desde sargentos hasta tenientes y también han facturado millares de dólares por horas extras.

Uno de los demandantes de Valentín, es el dominicano Gary Castillo, quien fue acusado por cargos falsos de narcotráfico en el 2011, junto a otros dos hombres afroamericanos.

Cuando Castillo, fue presentado en la corte criminal de El Bronx bajo las acusaciones de posesión criminal de una sustancia controlada y conspiración, los cargos le fueron retirados al igual que a los otros dos.

Sometieron una demanda civil contra Valentín y la ciudad y la corte les otorgó $83.000 dólares para los tres.

En cada una de las demandas, la Oficina Legal de la Ciudad, negó las imputaciones de los civiles contra Valentín, alegando que un acuerdo «no es una admisión de culpabilidad».

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