Policía e inseguridad

De Leila Majía

El plan de seguridad democrática comenzó a llevarse a cabo a partir de la segunda mitad del año 2006.  Según las cifras oficiales de entidades como la Policía Nacional, la Procuraduría General de la República, el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) y la Oficina Nacional de Estadística (ONE), en el primer trimestre del año 2007 se produjeron 500 muertes violentas, en el mismo periodo del 2008 se produjeron 619, en el 2009 hubo 564 entre enero y marzo y para la misma fecha del 2010 se han contabilizado 576.

Cuando se evalúan los datos, principalmente los ofrecidos en el portal de la Procuraduría, se puede ver que cada año se hace un desglose de las causales de muertes violentas para determinar cuáles son las numéricamente más importantes.  Se enumeran causas como riñas, violencia intrafamiliar, muertes accidentales, entre otras.

Sin embargo, cada año la que siempre aparece en el primer lugar es la «acción legal», denominación que desde hace unos tres años otorgó la Procuraduría a las muertes a manos de agentes de la Policía Nacional, lo que ofrece la muy preocupante conclusión de que la causa principal de muertes violentas en la República Dominicana es la misma Policía. Esto significa que ante el reciente anuncio hecho por la Jefatura de dicha institución de que saldrán a las calles 400 nuevos agentes debería la población estar atemorizada y sumamente preocupada.

En cuanto al popular «Barrio Seguro», en lo relativo a reducción de la criminalidad, no ha tenido ningún resultado positivo.  Por ejemplo, Cristo Rey, barrio del Distrito Nacional en el que hubo más muertos por violencia el pasado 2009, fue paradójicamente uno de los primeros lugares donde en el año 2006 se estrenó el «Barrio Seguro», seguido por Villas Agrícolas, que ocupa justamente el segundo lugar en cantidad de muertes violentas del año pasado.

Como las medidas del plan de seguridad evidentemente no han funcionado para amortiguar siquiera la tremenda inseguridad que se vive en nuestro país, hay quienes tratan de justificar algunas de ellas, como el control del expendio de bebidas alcohólicas por ejemplo, con la presunta reducción de los accidentes automovilísticos, pero esto es absolutamente falso. De acuerdo a datos de las mismas instituciones analizadas, desde el 2007 los accidentes de tránsito han crecido más de un 10% cada año, a pesar de que la cifra promedio de crecimiento poblacional anual en nuestro país es de 1.64%.

A pesar de todo, en lugar de tener la responsabilidad de decir esto no funciona y desarrollar nuevas estrategias, las autoridades se empeñan en reforzar lo mismo que no sirve, tal como las moscas que dan vueltas alrededor de un objetivo.
Leila Mejía es abogada y comunicadora