Presidente Daniel Noboa decreta estado de excepción en Ecuador por aumento de la violencia criminal
Quito, Ecuador.– El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, decretó este jueves un nuevo estado de excepción por un período de 60 días, como parte de las acciones para enfrentar el crimen organizado que afecta a varias zonas del país.
La medida abarca nueve de las 24 provincias, así como cuatro municipios adicionales, incluyendo las principales ciudades del país: Quito y Guayaquil, donde se concentra una gran parte de la población nacional.
Restricción de derechos y despliegue militar
Durante la vigencia del decreto, se suspenden derechos fundamentales como la inviolabilidad del domicilio y de la correspondencia, lo que permitirá a las autoridades realizar allanamientos sin orden judicial e interceptar comunicaciones.
Asimismo, las Fuerzas Armadas serán desplegadas en coordinación con la Policía Nacional para ejecutar operativos contra organizaciones criminales.
La disposición fue emitida en la víspera del inicio del feriado de Semana Santa, período en el que millones de ecuatorianos se movilizan dentro del territorio nacional.
Zonas más afectadas por el crimen organizado
Las provincias incluidas en el estado de excepción se ubican principalmente en la costa ecuatoriana, donde operan redes vinculadas al narcotráfico, dedicadas al envío de drogas hacia mercados internacionales como Europa y Estados Unidos.
Entre las zonas afectadas figuran Esmeraldas, El Oro, Guayas, Manabí, Santa Elena, Los Ríos y Santo Domingo de los Tsáchilas, así como Pichincha —donde se encuentra la capital— y Sucumbíos, en la región amazónica.
Contexto de crisis de seguridad
Desde 2024, el gobierno de Noboa ha intensificado su política de seguridad, declarando una “guerra” contra el crimen organizado mediante la implementación de estados de excepción en distintas fases.
Estas medidas buscan contener la creciente ola de violencia que enfrenta el país, cuyos índices de homicidios han aumentado significativamente, situando a Ecuador entre los países con mayor tasa de asesinatos en América Latina, con más de 50 homicidios por cada 100,000 habitantes en 2025.
El Gobierno reiteró que estas acciones forman parte de una estrategia integral para recuperar el control territorial y garantizar la seguridad de la población.
