El magistrado Rodríguez dispuso que una vez sean identificados los casos, el Ministerio Público proceda de manera ágil con la investigación y que tome las medidas que correspondan contra los adultos responsables, sin excepción.
Ordenó que en estos casos se proceda con el sometimiento a la justicia de todos los involucrados en esos incidentes con toda la drasticidad que permite el Código para la Protección y los Derechos Fundamentales de los Niños, Niñas y Adolescentes (Ley 136-03).
Asimismo, encargó a la coordinadora nacional de Niños, Niñas, Adolescentes y Familia del Ministerio Público, procuradora adjunta Marisol Tobal, fiscalizar el fiel cumplimiento de esta medida, quien a más tardar en 72 horas luego de finalizado el operativo del COE, deberá remitirle un informe detallado sobre los casos que involucren a NNA y la acción adoptada por el funcionario responsable de la demarcación donde sucedan.
Fiscales harán operativos para evitar menores consuman alcohol
La Coordinación Nacional de Niños, Niñas y Adolescentes del Ministerio Público anunció que fiscales pertenecientes a esta dependencia encabezarán operativos a nivel nacional en balnearios y centros de diversión para proteger a los niños y adolescentes y evitar que éstos consuman alcohol.
La procuradora adjunta Marisol Tobal explicó que en esas labores los representantes del Ministerio Público adscritos a esa dependencia junto a miembros de la Policía Judicial Especializada de Niños, Niñas y Adolescentes estarán supervisando que las actividades en que participen los niños y adolescentes se ajusten a su edad.
Además, dijo que acompañarán a las familias para evitar que éstos se pierdan y que en caso de que se encuentren extraviados, sin la compañía de un adulto, proceder a localizar a sus familiares.
Las autoridades del Ministerio Público advirtieron que todo padre o tutor que actúe con irresponsabilidad en el cuidado de sus hijos menores de edad y que les permitan consumir sustancias nocivas para su salud, serán sometidos a la justicia por la violación de la referida Ley 136-03, que contempla para esos casos diferentes sanciones económicas y prisión.