RÍO DE JANEIRO, BRASIL. — Decenas de personas se manifestaron este miércoles frente a la sede del gobierno estatal para denunciar el uso excesivo de la fuerza y exigir la renuncia del gobernador Claudio Castro, tras la redada policial más letal en la historia reciente de Río de Janeiro, que dejó al menos 119 muertos en las favelas de Penha y Complexo do Alemão.
La operación, llevada a cabo el martes por más de 2.500 policías y soldados, tenía como objetivo desarticular una célula del Comando Vermelho, la mayor organización de narcotráfico del país. Sin embargo, la magnitud de la violencia desatada ha provocado indignación nacional e internacional.
Protestas en las calles y denuncias de ejecución
Cientos de residentes marcharon hacia el Palacio Guanabara, gritando “¡asesinos!” y ondeando banderas brasileñas manchadas de rojo, en señal de protesta por la masacre. Horas antes, vecinos habían colocado decenas de cuerpos en una calle principal de Penha, en una impactante muestra del número de víctimas.
“Esto fue una masacre”, dijo Barbara Barbosa, residente de Penha, cuyo hijo fue asesinado en una redada anterior. La activista Rute Sales exigió justicia: “¿Tenemos una sentencia de muerte? Dejen de matarnos”.
Un saldo sin precedentes
De acuerdo con las autoridades, 115 sospechosos y cuatro policías murieron, mientras que 113 personas fueron arrestadas. Durante el operativo, las fuerzas de seguridad confiscaron 90 fusiles y más de una tonelada de drogas.
El secretario de la Policía Civil, Felipe Curi, informó que algunos cuerpos fueron hallados en una zona boscosa y que se investigará la posible manipulación de pruebas, luego de que varios cadáveres aparecieran sin ropa o sin equipo táctico.
“Estos individuos estaban en el bosque, con ropa de camuflaje y armas. Luego aparecieron en ropa interior, como si hubieran pasado por un portal”, declaró Curi.
Reacciones y cuestionamientos judiciales
El Supremo Tribunal Federal de Brasil y la Fiscalía de Río de Janeiro exigieron al gobernador Castro un informe detallado de la operación, mientras la Comisión de Derechos Humanos del Senado solicitó aclaraciones sobre el uso de la fuerza.
El juez Alexandre de Moraes citó a Castro y a los jefes de las policías Civil y Militar a una audiencia el próximo lunes para explicar las circunstancias del operativo.
Condena internacional y pedido de reformas
La Oficina de Derechos Humanos de la ONU expresó su “profunda preocupación” y pidió una reforma policial completa en Brasil.
“Entendemos los desafíos de enfrentar grupos violentos como el Comando Vermelho, pero Brasil debe romper el ciclo de extrema brutalidad”, declaró Marta Hurtado, portavoz del organismo.
El presidente Luiz Inácio Lula da Silva pidió a su ministro de Justicia y al jefe de la Policía Federal que se reúnan con Castro, afirmando que Brasil “no puede aceptar que el crimen organizado siga destruyendo familias y esparciendo violencia”.
Repercusiones regionales
El presidente colombiano Gustavo Petro criticó duramente el operativo, comparándolo con una operación militar en Medellín en 2002.
“Más de 100 muertos no es una operación, es una masacre”, afirmó en X (antes Twitter).
Desde Bolivia, el presidente electo Rodrigo Paz pidió medidas de control fronterizo para evitar el ingreso de integrantes del Comando Vermelho tras la violencia en Río.
Debate sobre la eficacia de las redadas
Expertos en seguridad cuestionaron los resultados de este tipo de operativos. Roberto Uchôa, del Foro Brasileño de Seguridad Pública, señaló que “matar a más de 100 personas así no reducirá la expansión del Comando Vermelho; los muertos serán reemplazados”.
Río de Janeiro ha sido escenario de operaciones policiales letales durante décadas, pero la escala de esta redada no tiene precedentes. La última de magnitud similar ocurrió en 2021, en la favela de Jacarezinho, donde murieron 28 personas.