El Parlamento británico interrumpió su receso por Semana Santa para abordar una crisis industrial: el posible cierre de la planta de British Steel en Scunthorpe, propiedad del grupo chino Jingye. El Gobierno denunció que Jingye planeaba cancelar pedidos clave de materias primas, lo que paralizaría la producción de acero virgen en el país por primera vez desde la Revolución Industrial.
Ante el riesgo inminente, el Parlamento aprobó el control de emergencia de la planta, impidiendo incluso el acceso del personal chino. El secretario de Comercio, Jonathan Reynolds, afirmó que una nacionalización total es “probable”, revirtiendo décadas de gestión privada del sector.
Aunque Reino Unido solo representa el 0,3 % de la producción mundial de acero, la planta de Scunthorpe es considerada estratégica. La decisión del gobierno laborista de Keir Starmer llega en un contexto de creciente tensión con China, preocupaciones por la seguridad industrial y presión política ante la pérdida potencial de 2.700 empleos.
Jingye, que adquirió British Steel en 2020, argumenta que la planta pierde £700.000 diarios y ya no es sostenible, en parte por los altos costos de energía en el país. Sin acuerdo con el Gobierno, se retiró del suministro de mineral de hierro y carbón, lo que motivó la rápida intervención.
La medida ha generado comparaciones con la planta de Port Talbot, en Gales, que cerró altos hornos en 2023 sin recibir ayuda estatal, y cuestionamientos sobre la coherencia del gobierno en proteger empleos industriales.
Más allá de lo económico, la crisis del acero refleja un cambio en la política industrial del Reino Unido. La ministra de Finanzas, Rachel Reeves, ha impulsado el concepto de “seguronomía”, buscando reconstruir sectores estratégicos para enfrentar un entorno global inestable.
El movimiento también afecta las relaciones bilaterales con China. Aunque el actual gobierno ha buscado renovar lazos económicos, la situación de Jingye podría enfriar las inversiones. Pekín ya advirtió a Londres contra politizar la cooperación comercial.
En medio de debates sobre nacionalismo económico, estrategia industrial y soberanía productiva, el caso de Scunthorpe marca un posible punto de inflexión en la postura del Reino Unido ante la globalización y el control extranjero de industrias clave.